La CNDH señaló que existen elementos suficientes para declarar la procedencia del juicio político en contra de los ex servidores públicos involucrados en el enfrentamiento entre policías y estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló que existen elementos suficientes para declarar la procedencia del juicio político en contra de los ex servidores públicos involucrados en el enfrentamiento entre policías y estudiantes normalistas de Ayotzinapa en el que murieron dos jóvenes y un empleado de gasolinera el 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo, Guerrero.
La Comisión determinó que hubo lugar a violaciones graves a los derechos humanos de las víctimas, por actos y omisiones de ex servidores públicos del gobierno estatal, entre ellos, Alberto López Rosas, quien fungía como Procurador General de Justicia, y Ramón Almonte Borja, quien se desempeñaba como Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, por lo que dentro de las acciones se ordenó presentar denuncia de juicio político contra ellos.
La Comisión Nacional sostiene que el juicio político es procedente de acuerdo con lo establecido en los artículos 112 y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y en el artículo 7, fracción III, de la Ley de Responsabilidades de los servidores Públicos de la entidad.
En la Recomendación 1/VG/2012, la CNDH determinó que hubo violaciones graves a derechos humanos y esa documental pública, con eficacia demostrativa plena, es suficiente, para declarar procedente el juicio político y ordenar la sanción correspondiente a los ex servidores públicos de que se trata.
Según lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, el juicio político es de naturaleza eminentemente administrativa, por lo que la sanción que se dicte deberá consistir en la inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público desde uno hasta 20 años.
La CNDH considera, con base en lo anterior, que existen elementos suficientes para declarar la procedencia del juicio político en contra de los ex servidores públicos mencionados, por haber incurrido en violaciones graves a derechos humanos, elevados a rango constitucional.
Además, pide que se cumpla la recomendación 1VG/2012, por violaciones graves a los derechos humanos, en los hechos registrados el 12 de diciembre de 2011, en Chilpancingo, Guerrero, donde fallecieron dos estudiantes normalistas de Ayotzinapa y el despachador de una gasolinera.
La citada Recomendación, formulada el 27 de marzo del presente año, fue dirigida al gobierno de Guerrero, a la Secretaría de Seguridad Pública federal y a la mesa directiva de la LIX Legislatura del Congreso local.
Por medio de un boletín, la Comisión Nacional hizo un llamado al gobierno del estado de Guerrero, a la Secretaría de Seguridad Pública federal y a la mesa directiva de la LIX Legislatura del Congreso local, para que asuman su compromiso con la cultura de la legalidad y del respeto a los derechos humanos de los mexicanos, y cumplan en los términos señalados con la Recomendación 1/VG/2012.
