En un hecho nunca visto, la PGR intentó, sin éxito, catear un juzgado federal en Veracruz. La pretensión es derivada de una investigación contra un juez y seis funcionarios del órgano jurisdiccional quienes son acusados de pretender firmar una orden de aprehensión con una fecha falsa.
La SIEDO buscó infructuosamente una orden de cateo contra las instalaciones del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Penal de Federal de Villa Aldama, Veracruz.
El Juez Segundo Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, Martín Adolfo Santos Pérez, rechazó ordenar el allanamiento legal y su decisión fue confirmada por un tribunal unitario, informaron fuentes judiciales.
La PGR solicitó el mes pasado al juez federal Raúl Angulo Garfias una orden de aprehensión contra un presunto traficante de indocumentados. El juzgador debió resolver en 24 horas la solicitud, sin embargo, lo hizo tres días después y pretendió notificarla con fecha del día siguiente de recibida la consignación, según acusó la PGR.
JUEZ FEDERAL RECHAZA QUE AYUDE A PROCESADO
El juez federal Enrique Torres Segura, quien es investigado por la Procuraduría General de la República (PGR), ya que presuntamente accedió a favorecer con sus resoluciones a un sujeto acusado de "lavar" dinero a través de casas de cambio ubicadas en México y Estados Unidos, negó que le brinde protección al inculpado y que haya sido contratado por los familiares de éste con ese propósito.
En una carta el impartidor de justicia sostuvo que no tiene compromiso alguno y que solicitar el traslado de Édgar García Ayala del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, a la cárcel de Cieneguillas, Zacatecas, "obedeció única y exclusivamente a actuaciones procesales dictadas en el proceso penal, totalmente apegadas a derecho".
La investigación será la que defina si la actuación de Torres Segura, titular del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Zacatecas, estuvo apegada o no a la legalidad; el Ministerio Público de la Federación ha recabado evidencias entre las que están grabaciones de conversaciones en las que se da cuenta de la supuesta "sociedad" entre el juez y la familia del acusado para que éste al final obtenga su libertad. En ellas se afirma que el juzgador está de parte del acusado, que pedirá su traslado y presionaría incluso a la Procuraduría General de la República.
