Activistas y familiares de personas desaparecidas exhortaron al gobierno federal entrante que encabezará Enrique Peña Nieto a agilizar el acceso a la justicia en los casos de más de 500 desapariciones forzadas sobre todo en la década de los años 70.
En conferencia de prensa el coordinador del Área de Defensa del Centro Prodh, Andrés Díaz; y Blanca Hernández, de la Fundación Diego Lucero, afirmaron que la próxima administración federal tendrá una oportunidad histórica para esclarecer los casos de desapariciones con fines políticos.
Andrés Díaz, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), dijo que en particular pide el esclarecimiento de la desaparición forzada de cinco miembros de la familia Guzmán Cruz durante los años de 1974 y 1976.
Luego de que obtuvieran copia de la respuesta que el gobierno mexicano dio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia que analiza este caso para determinar su admisión, Díaz fijó su postura al considerarla como vaga.
Recordó que hace seis años el Centro Prodh hizo una petición a dicha corte internacional para admitir el caso de Jesús Guzmán, padre de familia, y de cuatro de sus hijos, originario de la comunidad indígena purépecha de Tarejero, luego de haber agotado las instancias nacionales en busca de justicia.
Luego de seis años, dijo, el Estado mexicano tuvo una respuesta sobre este caso, en la que aduce que no se agotaron los procedimientos internos, que hay un recurso o programa para indemnización y de atención integral, así como medidas para que no se repitan hechos de esta naturaleza.
Sin embargo, recalcó el activista social, esa respuesta no ofrece el esclarecimiento de la desaparición de los cinco miembros de una familia, pero sobre todo a la solicitud de presentarlos con vida, hablar con la verdad, hacer justicia y reparar el daño causado por las desapariciones.
En ese sentido, comentó que si bien las últimas dos administraciones panistas iniciaron con una expresa intención de esclarecer los delitos ocurridos durante la llamada “guerra sucia”, con la creación de una comisión de la verdad, lo cierto es que prácticamente no hubo avances.
Afirmó que en el gobierno que está por terminar este tema ha sido prácticamente invisible, y existe un desinterés ante los 532 casos que reportó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y según los propios organismos sociales rebasaría dos mil sólo durante la “guerra sucia”.
No obstante, dijo que existe confianza de que en la próxima administración federal se retomen estos casos y se pueda, a partir de una fiscalía o comisión de la verdad, avanzar en el esclarecimiento de los casos.
