Mediador. Un grafiti contra la española Repsol se aprecia el día de ayer en un edificio de Buenos Aries,Argentina.
El ministro español de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, dijo ayer que pidió apoyo a México, como presidente del G-20, en la crisis con Argentina por la posible expropiación de YPF, filial de la española Repsol.
En rueda de prensa, aseguró que cualquier agresión que viole el principio de seguridad de Repsol en Argentina "será considerada por España como una agresión, que tomará la reacción que considere oportuna y pedirá apoyo a socios y aliados".
Precisó que no se han determinado qué tipo de consecuencias tendría una expropiación de YPF, y sostuvo que "la ruptura de la relación no sería sólo económica (con Argentina) y para España es el peor escenario que se puede imaginar".
El funcionario español convocó de manera urgente a rueda de prensa en el Palacio de Santa Cruz, sede de la cancillería, tras reunirse con el embajador de Argentina aquí, Carlos Antonio Bettini, a quien expresó su preocupación por esta crisis y llamó al diálogo para resolverla.
García-Margallo dijo que se ha pedido apoyo a terceros actores, como a Estados Unidos, a la canciller mexicana Patricia Espinosa, por presidir el Grupo de los 20 (G-20) , y se enviará a Colombia una carta al ser país sede este fin de semana de la VI Cumbre de las Américas.
Indicó que en esa cita en el puerto caribeño de Cartagena un país con inversiones en Argentina planteará este tema, mientras que la Comisión Europea (CE) ha iniciado contactos con Argentina.
Reconoció que se desconoce si se concretará o no el envío al parlamento argentino de una ley de expropiación, anunciada por la prensa del país sudamericano, algo que tampoco le pudo informar el embajador Bettini.
Expuso que desde febrero pasado se ha dado una cadena de sucesos contra YPF (donde Repsol tiene una participación de un 57.4 por ciento) que han devaluado 40 por ciento el valor de sus acciones.
Explicó que primero se cuestiona la política de dividendos, después la política de inversiones, seguida de la fijación de precios para el suministro para el transporte de Aerolíneas Argentinas y finalmente la retirada de licencias de expropiación en algunas provincias.
