Contribuyentes. Los transportistas piden que les pasen sus impuestos al precio del diesel.
El 80 por ciento de los transportistas no están dentro de la legalidad, por lo que la Canacar considera que el Gobierno Federal debiera incrementar el precio del diesel para que, de esta manera, todos sean contribuyentes.
La propuesta consiste en indexar los impuestos que ya paga el transporte al precio del diesel.
Antonio Ramos Moreno, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), dijo que solamente el 20 por ciento de los transportistas pagan sus impuestos, de acuerdo con cifras de Hacienda, por lo que han puesto el tema en la mesa de negociación con las autoridades federales y esperan una respuesta en breve.
"Aunque lo subas, no es inflacionario, no repercutiría porque ya estamos pagando los impuestos directamente, entonces no tendríamos problema los que estamos dentro de la legalidad porque al mes haríamos la declaración y si nos sobra, Hacienda lo regresa o si faltó, lo ponemos", comentó.
"De esta manera, si hay un problema en la Secretaría de Hacienda de recaudación de impuestos, sólo hay que imaginar lo que representa el 80 por ciento de un solo golpe que entre", indicó.
Señaló que hay muchas empresas cobran el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y no lo regresan, no pagan Seguro Social, ni tienen una cultura empresarial, pues el mismo sistema los ha llevado a trabajar así.
Ramos Moreno explicó que el diesel ha subido en un 27 por ciento en el último año y no pareciera que estas alzas vayan a detenerse.
Dijo que los transportistas que están en la ilegalidad no pagan impuestos y significan una competencia desleal, además de mayor inseguridad en las carreteras, pues muchos de ellos no tienen unidades en condiciones óptimas para desempeñar su función.
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Presión del SAT
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha utilizado los embargos de cuentas bancarias como mecanismo de presión a los contribuyentes de manera exponencial, lo que genera prejuicios en las operaciones de varios de ellos, acusó Ricardo Villalobos, socio del área legal de Ernst & Young. Señaló que el SAT inicia auditorías a los contribuyentes y bajo cualquier causal suele realizar el congelamiento de cuentas bancaria a pesar de que esta acción no está plenamente justificada. Si hay algún contribuyente cuyas acciones caen en algún parámetro que pueda ser considerado como delito fiscal, éste tiene que ser perseguido; no obstante, las acciones que el fisco ha tomado recientemente son demasiado agresivas e injustificadas, resaltó. Villalobos señaló que hace dos años, este tipo de acciones eran prácticamente inexistentes, pero en últimas fechas las han incrementado de forma exponencial. Y es que los embargos a cuentas bancarias de presuntos contribuyentes defraudadores han generado problemas económicos para sus negocios. (Agencia)
