En un testimonio de alcances devastadores, el inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, criticó hoy la falta de coordinación entre agencias federales y el "perturbador" desconocimiento del fiscal General, Eric Holder, sobre el fallido operativo de "Rápido y Furioso" que permitió el trasiego ilegal de más de dos mil armas que "dañaron a México de forma tan significativa".
Además, en una primera reacción al reporte presentado ayer, el presidente del comité de supervisión gubernamental de la Cámara de Representantes, el republicano, Darrel Issa, pidió la cabeza de los 14 agentes y funcionarios que han sido señalados en el informe del inspector general como responsables directos por negligencia en un operativo de tráfico de armas que dañó las relaciones con México.
En el informe presentado ayer miércoles, el inspector general recomienda sanciones administrativas o disciplinarias contra, al menos, 14 agentes o funcionarios pero en ningún momento solicita cargos criminales.
Hasta ayer, sólo el ex director interno de ATF, Kenneth Melson, anunció su retiro, mientras el subprocurador general de justicia de la división criminal, Jason Weinstein, presentó su renuncia.
"Esperamos que los 14 funcionarios encuentren nuevas ocupaciones por su pobre juicio o falta de dedicación en un caso que demandaba de toda su atención", dijo de forma aufemística Darrel Issa, para solicitar así la cabeza de éstos agentes y funcionarios que aún están asignados en la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia.
En una audiencia dedicada a revisar la investigación de casi dos años, por dos operativos de tráfico ilegal de armas que se remontan al 2006 y hasta el 2010, Horowitz se dedicó a reseñar las terribles fallas y negligencia que estuvieron detrás de una operación que hoy sigue dando quebraderos de cabeza a las autoridades de México con armas que integran en su mayoría rifles AK-47 o las pistolas 5.7 conocidas mata policías.
"Este operativo fue supervisado de forma irresponsable y sin tener en cuenta los peligros para el pueblo de México o de Estados Unidos", dijo Horowitz al apuntar a Kenneth Melson, director en funciones de ATF, como uno de los responsables no sólo por falta de supervisión, sino por el posterior intento por acallar o encubrir un operativo que salió a la luz tras el asesinato del agente de la patrulla fronteriza.
"Este caso revela hasta que punto hubo una ausencia de supervisión desde la cúpula de ATF y el Departamento de Justicia", aseguró Horowitz al enumerar una cadena de mandos que incluyeron a agentes, altos cargos de ATF y fiscales del Departamento de Justicia en el estado de Arizona.
En el inicio de la audiencia, el presidente de comité de supervisión gubernamental lamentó el hecho de que éste operativo haya dejado en evidencia no sólo la falta de supervisión desde el Departamento de Justicia y ATF, sino las terribles consecuencias de armas que siguen apareciendo en escenarios de crimen y enfrentamientos en México.
"Hoy estas armas siguen apareciendo en México, a pesar de que esta operación ya ha sido cancelada... Muchos faltaron a su responsabilidad al permitir que armas tan peligrosas terminaran en manos de criminales tan peligrosos", aseguró Issa al señalar que tras la conclusión del reporte resulta claro que es necesario acometer reformas en ATF y en el Departamento de Justicia para evitar que operativos de éste tipo vuelvan a repetirse.
En la audiencia, el representante de la minoría demócrata, Elijah Cummings, aprovechó su torno a la palabra para señalar que el reporte presentado por el Inspector General deja en claro que "el Fiscal General, Eric Holder, jamás fue informado del operativo antes del mes de diciembre del 2010, a pesar de las acusaciones lanzadas por los defensores de teorías de la conspiración" que militan dentro de las filas de la Asociación Nacional del Rifle (NRA).
