La fiscalía de Palermo pidió hoy enjuiciar a ex altos funcionarios, entre ellos al ex ministro del Interior, Nicola Mancino, y capos de la mafia en el caso de la presunta negociación en los años 90 entre el Estado y Cosa Nostra.
Entre los acusados figuran los principales jefes de Cosa Nostra, la mafia siciliana, Totó Riina, Bernardo Provenzano, Leoluca Bagarella, Giovanni Brusca y Nino Ciná, actualmente en prisión.
También están Mancino, el senador Marcello Dell’Utri, el ex ministro Calogero Mannino, los ex oficiales de los carabineros, Mario Mori, Giuseppe De Dono y Antonio Subranni.
Además Massimo Ciancimino, hijo del fallecido ex alcalde de Palermo, Vito, conocido por pertenecer a Cosa Nostra.
La solicitud de abrir el juicio contra los imputados fue firmada por los fiscales palermitanos Antonio Ingroia, Nino Di Matteo, Lia Sava y Francesco Del Bene luego de cuatro años de investigaciones.
Todos, con la excepción de Mancino, son imputados de “violencia contra un cuerpo político del Estado” y asociación mafiosa, mientras el ex ministro del Interior es acusado de falsedad de declaraciones.
Según la reconstrución de la fiscalía de Palermo, el ex ministro democristiano Calogero Mannino inició en 1992 las negociaciones con Cosa Nostra porque temía ser asesinado.
En esos años la mafia siciliana había declarado guerra al Estado italiano, con el asesinato de los principales jueces antimafia y atentados en Roma, Milán y Florencia.
Aparentemente los magistrados Paolo Borsellino y Giovanni Falcone habrían sido asesinados por Cosa Nostra porque se oponían a la negociación.
De acuerdo con los fiscales, Mannino fue secundado por los ex oficiales del cuerpo de carabineros, que habrían mantenido un diálogo secreto con los jefes de la organización criminal gracias a la mediación del ex alcalde Vito Ciancimino.
A partir de 1993 el interlocutor con los mafiosos habría ido el senador Dell’Utri, mano derecha del ex primer ministro, Silvio Berlusconi y a quien según otra acusación habría extorsionado para no revelar sus contactos con la delincuencia organizada.
Según la reconstrucción de los fiscales, los “capos” Leoluca Bagarella y Giovanni Brusca presentaron en 1994 a Berlusconi, que entonces encabezaba su primer gobierno, una serie de pedidos, sobre todo concesiones carcelarias a favor de los mafiosos en prisión, para poner fin a los atentados.
Los mediadores habrían sido Dell’Utri y Vittorio Mangano, un mafioso ya fallecido y que en los años 70 trabajó como caballerango en la mansión de Berlusconi en Milán.
De acuerdo con la acusación, los funcionarios acusados habrían suavizado la línea del Estado contra Cosa Nostra, cediendo en particular sobre el artículo 41 bis del Código Penal, que prevé el régimen de aislamiento carcelario para los condenados por mafia.
“Demostraré ser ajeno a las acusaciones que se me imputan y mi fidelidad al Estado”, declaró Mancino, actualmente senador, luego de que se conociera el pedido de los fiscales de Palermo.