La defensa del exdirector de Deuda Pública de Entidades y Municipios de la Secretaría de Hacienda, Jaime René Jiménez Flores aseguró que no existen elementos que prueben el delito de falsificación de firma y sellos de esa dependencia para el registro de tres créditos al gobierno de Coahuila.
Al validar que no existen elementos de prueba, el Poder Judicial debe conceder el amparo promovido ante el Tercer Tribunal Unitario y se revoque de inmediato el auto de formal prisión, sostuvo Efraín García Ramírez, representante legal del exfuncionario detenido en el Reclusorio Norte del Distrito Federal desde el pasado 7 de febrero.
En entrevista, García Ramírez, expuso que en la presentación de agravios se ha demostrado con pruebas fehacientes que no hay conductas constitutivas de delito en la supuesta participación de su cliente en uso de documentación falsa para la obtención de los créditos por 2 mil 100 millones de pesos de Banco Santander y mil millones de Banco del Bajío.
Incluso, dijo, fueron tramitados con un decreto apócrifo del Congreso de Coahuila, que fue el documento que se utilizó y no la documentación que se pretende imputar a su representado en el registro de los créditos; uno de ellos concertado con el Banco del Bajío, que incluso fue liquidado en su totalidad en julio de 2011, y los demás fueron reestructurados con aprobación de la Cámara local.
Jiménez Flores es acusado de ayudar a servidores públicos del gobierno de Humberto Moreira a obtener dichos créditos con información falsa, sin embargo de acuerdo con la resolución de la magistrada Rocío Santes, no se requirió ni de sellos ni su firma como director de Deuda Pública de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda para otorgar los créditos, documentación.
En todo caso, continuó, fue presentada por funcionarios en ese entonces del estado de Coahuila encabezados por el secretario de Finanzas, Héctor Javier Villarreal, para dar trámite a esos financiamientos que a la fecha han sido reestructurados por todas las instancias de esa entidad y con el conocimiento y aval de la Secretaría de Hacienda. Esto, ya que las cantidades de tales créditos ingresaron a la Tesorería del Estado de Coahuila y se aplicaron en diversas obras públicas de la Entidad.
García Ramírez señaló que los recursos entregados por los bancos al Estado de Coahuila fueron seis meses antes de la gestión de registro en la Secretaría de Hacienda.
Para deslindar responsabilidades ante la información de que su firma y los sellos podrían haber sido falsificados, el propio acusado presentó en noviembre de 2011, tres meses antes de su aprehensión, una denuncia ante la PGR para abrir investigación sobre ese supuesto ilícito e incluso se sometió voluntariamente a tres peritajes sobre su firma que se validó era falsificada.
Aun así, recordó, se le detuvo el 7 de febrero de 2012 y se dictó auto de formal prisión, no obstante que no se presentó querella proveniente de los bancos ni hay agravio en contra de los activos del gobierno del Estado de Coahuila.
MIL
100 mdp se obtuvo por documentos falsos.
