Atención. De los 429 penales que existen solo 17 cuentan con mecanismos para inhibir las salidas de llamadas de teléfono celular, entre los que no se encuentran los de Durango.
El siglo de durango
La Comisión de Seguridad Pública aprobó un dictamen que insta al Gobierno del Estado a gestionar ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública que todos los centros de readaptación social de la entidad sean provistos de equipos que permitan bloquear o anular de manera permanente las señales de telefonía celular, radiocomunicación y transmisión de datos o imagen dentro de su perímetro.
Así lo dio a conocer el diputado José Antonio Ochoa Rodríguez, quien consideró urgente que los penales en el estado cuenten con esta medida con la cual se pretende combatir con mayor efectividad el fenómeno de las llamadas de extorsión o amenazas realizadas mediante celulares o equipos de radiocomunicación desde el interior de los penales.
El legislador mencionó que según datos de la Comisión de Justicia del Congreso de la Unión, se realizan seis mil llamadas de extorsión diarias, en promedio, se realizan en nuestro país, de las cuales el 90 por ciento provienen del interior de los reclusorios.
DATOS DUROS
Y es que de los 429 penales que existen solo 17 cuentan con mecanismos para inhibir las salidas de llamadas de teléfono celular, entre los que no se encuentran los de Durango.
De la misma manera, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha señalado que gran número de las violaciones a los derechos humanos de las víctimas del delito provienen de las cárceles.
Esto se debe a que, contrario a lo que normalmente pudiera pensarse, los internos gozan de facilidades para realizar llamadas o enviar mensajes de datos a través de equipos de telefonía celular.
"En este contexto, es evidente que existe una necesidad apremiante para legislar en la materia, más aún que al realizarlo contribuimos a generar un ambiente de paz y tranquilidad para la sociedad duranguense", manifestó Ochoa Rodríguez.
De la misma manera, se contempla que las autoridades estatales y municipales de Seguridad Pública instrumenten acciones permanentes de evaluación, depuración, adiestramiento, capacitación y profesionalización de sus recursos humanos.
