Organizaciones civiles mexicanas e internacionales enviaron un memorándum al Congreso de Estados Unidos y a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, para solicitar que se retenga el 15% de los recursos de la Iniciativa Mérida que aún no han sido entregados, ante el incumplimiento del gobierno de México en materia de derechos humanos, ya que existe una cláusula que condiciona el respeto a las garantías para acceder a estos fondos de apoyo para el combate al narcotráfico.
El documento fue suscrito por Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, el Centro Prodh, Tlachinollan y Fundar, entre otras organizaciones.
El memorándum que se entregó el lunes, indicaron en un comunicado, "brinda información que evidencia el incumplimiento del gobierno mexicano a los requisitos en materia de derechos humanos reconocidos en la Iniciativa Mérida".
Entre los aspectos que México debería cumplir están garantizar que los agentes del Ministerio Público y las autoridades judiciales civiles investiguen y juzguen a los policías federales y los militares contra quienes existan denuncias creíbles de violaciones de derechos humanos.
También se establecieron como condiciones la prohibición de utilizar declaraciones que se obtengan mediante tortura; mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de las fuerzas policiales federales; así como consultar periódicamente a organizaciones de derechos humanos para que formulen recomendaciones sobre la implementación de la Iniciativa Mérida.
De acuerdo con las organizaciones firmantes "México no ha cumplido ninguno de los cuatro requisitos sobre derechos humanos establecidos en la Iniciativa, por lo que consideramos que el Congreso de Estados Unidos no debe entregar el 15% de los fondos que están condicionados al cumplimiento de estos criterios, pues su entrega transmitiría el mensaje de que Estados Unidos aprueba las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el país".
En el texto se indica que de acuerdo con la investigación llevada a cabo por las distintas organizaciones firmantes, "México no cumple de manera efectiva ninguno de estos requisitos, especialmente los relacionados con el juzgamiento de abusos por parte de militares y hechos de tortura".
Acompañaron su petición con datos tales como el que desde 2007 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido más de cuatro mil denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas.
"Éstas han sido conocidas por el fuero castrense pues hasta la fecha no se ha reformado el Código de Justicia Militar, pese a las cuatro sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoiDH) que obligan a ello", expresan.
