Un grupo de organizaciones sociales colombianas vinculadas a sectores indígenas, campesinos y afrocolombianos exigió hoy la participación directa, autónoma y decisoria en los diálogos de paz entre el gobierno y la insurgencia.
Un documento de las entidades agrupadas en la ONG Congreso de los Pueblos acotó que “no aspiramos a sentarnos en la mesa de diálogo entre el Estado y las FARC, proceso que saludamos, ni en la mesa que aspiramos y exigimos se instale para iniciar un proceso con el ELN”.
“Estamos reclamando participación real, directa, autónoma y decisoria porque somos víctimas de las nocivas políticas que gobierno tras gobierno se han impuesto al pueblo colombiano en beneficio del gran capital nacional e internacional”, planteó.
El documento del Congreso de los Pueblos comenzó a circular este miércoles en el marco del Foro Política de Desarrollo Agrario Integral con Enfoque Territorial, bajo la coordinación de Naciones Unidas y la Universidad Nacional de Colombia.
La actividad, que finaliza este miércoles, se realiza a petición de la mesa de diálogo de paz que inició el 19 de noviembre pasado en La Habana (Cuba) entre negociadores del gobierno de Juan Manuel Santos y las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
“Desde las regiones, los pueblos y los sectores sociales populares hay muchas voces que buscan ser tenidas en cuenta en un escenario de construcción de la paz de Colombia que debe estar abierto a toda la sociedad; solamente así será posible un pacto duradero”, apuntó.
El documento insistió que “la paz no es un asunto solamente entre el gobierno y la insurgencia, ni tampoco se reduce a la negociación política al conflicto armado”.
En el texto se acusó al presidente colombiano Juan Manuel Santos de “restringir la participación, no obstante la exigencia popular para que se habiliten escenarios amplios”.
Planteó que Colombia “requiere una reforma agraria integral que atienda la demanda de redistribución de tierras y un ordenamiento y uso del suelo democráticos que prioricen a las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas”.
Dicha reforma debe respetar “los ordenamientos territoriales que han realizado histórica y ancestralmente como garantía para la permanencia en los territorios y el desarrollo de sus planes de vida”, agregó.
