Entre los factores a tomar en cuenta para entender nuestra compleja realidad está la cultura de la ilegalidad. El cambio de época y la globalización son de gran influencia en nuestro país y en todo el mundo, aunque son vividos en cada lugar de forma diversa, pero la crisis de ilegalidad es especialmente vivida en nuestro país. Considerándola como una de las causas principales de la violencia, el episcopado mexicano la describe de esta manera: "Los mexicanos no hemos sabido dar su importancia a las leyes en el ordenamiento de la convivencia social. Se ha extendido la actitud de considerar la ley no como norma para cumplirse sino para negociarse.
Se exige el respeto de los propios derechos, pero se ignoran los propios deberes y los derechos de los demás. No tenemos, como pueblo, respeto de las leyes, del tipo que sean, ni interés por el funcionamiento correcto y transparente de las instituciones económicas y políticas. El signo más elocuente de esto es la corrupción generalizada que se vive en todos los ámbitos. (CEM "Que en Cristo nuestra paz, México tenga vida digna" n. 103).
La existencia de una "cultura de la ilegalidad" o mejor una contracultura de lo ilegal se manifiesta en el narcotráfico y en su impacto en las regiones y en las distintas formas que adopta la corrupción. Hemos estado viviendo al mismo tiempo una globalización del crimen organizado y del tráfico de estupefacientes, así como del de armas. El narcotráfico, así como el secuestro, se ha convertido en una vía perversa por la cual, algunos se habrán enriquecido. Inicialmente la sociedad mexicana fue muy permisiva con el contrabando y luego con el narcotráfico, pero simultáneamente se derrumbaban referentes que tienen que ver con la cohesión social y con el sentido de la normatividad. La vida social se vuelve incoherente y contradictoria cuando existen las normas requeridas, pero al mismo tiempo los ciudadanos actúan con referentes distintos. En lo jurídico, hay una gran cantidad de disposiciones y normas, pero en la práctica de diversos sectores sociales, en todos los niveles, se actúa en base a normas contrarias no escritas. Hay disimulo y tolerancia con el delito por parte de algunas autoridades responsables de las procuración, impartición y ejecución de la justicia. Esto tiene como efecto la impunidad, las deficiencias en la administración de justicia -por incapacidad, irresponsabilidad o corrupción-. Se ha hecho evidente la infiltración de la delincuencia organizada en instituciones del Estado. Si no hay justicia, se puede delinquir con mayor facilidad.
La corrupción continúa afectado de manera profunda a muchos países en todo el mundo, según los resultados del Índice de Percepción de la corrupción 2011 de Transparencia Internacional. El índice evalúa a 183 países y territorios con una puntuación entre o (percibido como sumamente corrupto) y 10 (percibido con menores niveles de corrupción) según los niveles pe percepción de corrupción de los países. El Índice de Percepción de la Corrupción ubica a México en la posición 100 de 183 países, con una calificación de 3.0 Valiente y atinadamente añade el episcopado en el citado documento: "La corrupción es una forma de violencia que, al inocularse en las estructuras de servicio público, se transforma en delincuencia organizada, ya que de manera descarada se impone «la mordida» como condición a los ciudadanos para recibir un beneficio o servicio gratuito. Este tipo de delincuencia se defiende a sí misma de manera violenta, llegando incluso a generar muertes para ocultarla y el desprecio, difamación y aislamiento de los funcionarios que no participan en este ilícito. El combate a la corrupción es contradictorio, pues las contralorías no son autónomas en su toma de decisiones y caen en la complicidad. Esta situación de corrupción institucionalizada hace sentir la necesidad de autonomía en la procuración de justicia".
Hay factores que contribuyen a la violencia provocada por el crimen organizado en las estructuras que se han deteriorado por la corrupción, la impunidad y el autoritarismo. De nuevo cito a los obispo de México que escriben en otro documento: "Es urgente superar la anticultura del fraude; de los privilegios de unos cuantos y consolidar procesos e instituciones que permitan la representación de la sociedad a través de métodos transparentes y de autoridades legítimamente elegidas a las que la ciudadanía les pueda pedir cuentas de su actuar" (Del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos no. 66). Pero no basta con señalar la ilegalidad, positivamente es un elemento importante de la educación para la paz educar para la legalidad: las leyes legítimas y justas deben cumplirse. Ésta es la base y el presupuesto de la convivencia civil y una manera concreta de amar a la patria, ahora que está cerca el día del amor y la amistad. ¿Qué te parece todo un país para darle tu amor? "La violación de las leyes lleva a una situación de ilegalidad, provoca roces y contraposiciones, que tienen repercusiones negativas duraderas en la vida social" (Juan Pablo II, jornada mundial de la paz 2004). Comprometámonos a hacer conciencia de la dimensión ética de toda la actividad humana. La legalidad tiene su motivación radical en la moralidad de la persona. Por ello, primera condición para desarrollar el sentido de legalidad es la ética racional, coherente con el humanismo y orientada a la paz. No es optativa sino una dimensión fundamental e irrenunciable de la persona y columna vertebral de una convivencia social verdaderamente humana. Esta educación debe incluir una formación cívica y política básica, no parcial ni afectada por interese de grupo o de partido. Es necesario animar a todos a reconocer que vivir en un Estado de Derecho nos exige actuar dentro del marco de la ley para poder tener paz, orden y progreso. Estemos atentos al marco legal para reformular las leyes que nos lleven a la consolidación de una sociedad más humana y justa. El sentido de legalidad no se improvisa, exige un proceso educativo que implica a todos, particularmente a la familia, a la escuela, a los espacios de animación juvenil, a los medios de comunicación, a las instituciones públicas y a los partidos políticos. ¡Que tarea!
