Pierde México credibilidad

Entre 2007 y 2011, la credibilidad del gobierno mexicano en materia de rendición de cuentas cayó 9 puntos porcentuales entre los expertos que analizan el gasto público, según la encuesta bianual que realiza el Centro de Análisis e Investigación Probabilística FUNDAR, como parte de ejercicio regional conocido como Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestal.

El estudio, realizado a partir de las evaluaciones presentadas por legisladores, académicos, periodistas y grupos civiles especializados en la materia, señala que, para 2011, el 45% de los expertos hizo patente su desconfianza en las acciones emprendidas por el gobierno mexicano para transparentar no sólo el destino que da a los fondos públicos, sino también en los mecanismos a partir de los cuales define sus estrategias de gasto, así como en el impacto positivo que dichas inversiones generen entre la población mexicana.

A continuación, Animal Político te presenta los principales factores identificados por el Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestal, que impiden vigilar adecuadamente la forma en que el gobierno mexicano gastan los fondos públicos, la mayoría de los cuales son propiciados por la misma autoridad.

 PRESUPUESTO CON MAÑA En México, según la opinión de los expertos recogida por el Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria, se aplica "sistemáticamente" un mecanismo que pone en manos del Poder Ejecutivo, para su manejo discrecional, un margen del presupuesto.

La "práctica recurrente", señala el documento, es que año con año, al menos durante la última década, el Ejecutivo "presentó una subestimación de los ingresos, lo que generó recursos excedentes", cuya reasignación no es siempre verificable.

Es por ello que, en 2011, 69% de los expertos consultados manifestó desconfianza en las proyecciones de ingresos presupuestales del gobierno, ya que "una tras otra, las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación muestran inconsistencias en el manejo de estos recursos (adicionales). Estas irregularidades en el ejercicio de los excedentes aumentan la desconfianza y las dudas de los expertos", destaca el informe.

En 2010, por ejemplo, el gobierno obtuvo 163 mil 480 millones extra de lo que había calculado, "de los cuales no se conoce con claridad el impacto social que generaron" y se pone un ejemplo: del dinero excedente que por ley debió entregarse en ese año a Pemex para proyectos de inversión, la mayor parte se aplicó a gasto corriente (salarios y pago de servicios)".

Otro ejemplo es el de 2009, cuando más de mil 220 millones resultantes de este cálculo a la baja del ingreso gubernamental tampoco se repartieron tal como manda la ley, sino que quedaron, inexplicablemente, guardados en la Tesorería federal.

 EL POLICíA Y EL JUEZ, AL BANQUILLO Si bien el Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria es un mecanismo para medir percepciones, sus promotores explicaron que no es fácilmente desdeñable, ya que las opiniones que incluye no son del público en general, sino exclusivamente de aquellos expertos que (desde los ámbitos legislativo, académico, periodístico y civil) dominan la materia.

Para esta evaluación, el grupo de expertos consultados en México se les interrogó acerca de la labor que desempeñan dos órganos cuya labor está directamente relacionada con la rendición de cuentas: la Auditoría Superior de la Federación (encargada de identificar aquellos casos en que se ejerció el gasto faltando a lo que marca la ley) y la Secretaría de la Función Pública (cuya encomienda es ejercer las sanciones respectivas).

En el caso de la primera, 66% de los expertos consideró que la Auditoría Superior de la Federación no es un organismo "confiable", dado que no tiene la capacidad necesaria para fiscalizar el gasto federal.

Además de que 82% consideró que las recomendaciones emitidas por este organismo "no han contribuido a combatir la corrupción".

Cabe destacar que, entre 2007 y 2011, la desconfianza hacia la ASF aumentó en 28 puntos porcentuales ya que, aunque este organismo ha incrementado sustancialmente el número de revisiones al gasto gubernamental, "la percepción de los encuestados es que su labor no ha logrado incidir en la disminución de la corrupción".

Por ejemplo, 85% de los especialistas consideró que el gasto en defensa no es fiscalizado suficientemente y 67% aseguró que la misma falla se presenta en el gasto de las empresas paraestatales.

Por otra parte, en lo que toca a la Secretaría de la Función Pública, la situación no mejora, ya que 85% de los expertos desconfió de su capacidad sancionadora, pues "las medidas correctivas que tendría que llevar a cabo (…) enfrentan problemas para ser realmente implementadas, debido a que dicha secretaría tiene debilidades que le impiden desarrollar su labor".