En lo que constituye otra derrota espectacular para Petróleos Mexicanos tras el borrón y cuenta nueva en su ruinosa sociedad con la Impulsora Jalisciense en Mexicana de Lubricantes, se acaba de expedir un laudo arbitral que la condena a pagarle 282 millones de dólares al consorcio coreano que reconfiguró la refinería Cadereyta de Nuevo León
A la suma hay que agregarle intereses acumulados en 11 años de litigio, lo que la eleva a más de 500 millones de dólares, es decir unos seis mil 500 pesos mexicanos… y lo que falta.
La paradoja del caso es que la decisión del Tribunal de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio con sede en París fue salomónica, es decir condenó a cada una de las partes en pugna a cubrir daños y perjuicios.
Dicho con todos los números, Pemex le pagará al consorcio Comproca integrado por la firma coreana Sunkyong Engineering & Construction, la alemana Siemens y la mexicana Pinfra, antes Tribasa, 311 millones de billetes verdes, en tanto éste le debe cubrir a la paraestatal 29 millones de dólares.
De acuerdo a los integrantes del panel, las cantidades son las que pudieron comprobar las partes en el largo litigio.
El reclamo original de Comproca, alegando vicios ocultos en el contrato para reconfigurar y modernizar la refinería de la discordia, era de 648 millones de dólares.
A su vez, el de Pemex alcanzaba 788.9 millones de billetes verdes, alegando a su vez la entrega incompleta de las obras y el uso de materiales de segunda mano.
En el papel, pues, Pemex llevaba las de ganar.
Sin embargo, la causa estaba perdida para la empresa pública desde que aceptó el finiquito de las tareas sin reclamo al calce de las anomalías, pese a que éstas eran más que evidentes.
Se diría, pues, que la corrupción se auto colocó la trampa.
De entrada, en afán de colgarse la medalla, por más que ésta ni a latón llegaba, la empresa pública inauguró la "nueva refinería" al cuarto para las 12 del final del sexenio zedillista.
El propio expresidente cortó el listón al vuelo de las fanfarrias y la miel de los discursos.
Más aún, Pemex aceptó la firma de un finiquito que le obligaba a pagar la factura a partir del 2001, es decir cuatro años después de la firma del contrato.
El documento lo avaló el gobierno al relevo, es decir el foxista, vía el director general de la paraestatal, Raúl Muñoz Leos.
Las goteras saltaban por todos lados.
De entrada, las plantas de transformación de petróleo crudo en gasolina apenas podían trabajar a la sexta parte de su capacidad instalada, sin perspectiva a la vista para la operación integral de sus 32 unidades.
Y si le seguimos, aún no se concluían las plantas refinadoras de petróleo ligero, hidrosulfatadoras de naftas y transformadoras de naftas… por más que la paraestatal había obligado a cambiar 300 válvulas que a juicio de los peritos no reunían la calidad requerida.
Y para qué le seguimos.
A quién le importa, además, que los coreanos incumplieran, de entrada, con los tiempos para la construcción de una segregadora de petróleo, lo que obligó a la empresa pública a indemnizar en espacie a Cementos Mexicanos, quien había adquirido por adelantado la producción del coque de petróleo utilizado como combustible para general energía eléctrica.
El producto se debió importar de los Estados Unidos, en tanto se le pasó la estafeta para concluir la planta al grupo ICA.
A quién le importa si los coreanos, en afán de cubrirse frente al raquítico costo pactado -mil 800 millones de dólares vía el esquema de los Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto (Pidiregas)- utilizaron materiales de segunda, en algunos casos usados o, como diría algún peladito de barrio, "de doble cachete", y mano de obra de tercera, al habilitar como soldadores a 400 jóvenes que habían trocado por trabajo la exigencia de cumplir con un servicio militar que obligaba a encuartelarlos por dos años.
Pemex se colgó la soga al cuello solito.
Digamos que aunque la victoria se contabiliza a los coreanos, en realidad el trofeo es para la corrupción.
BALANCE GENERAL
Finalmente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes perdió un round en su tarea subterránea por descarrilar la posibilidad de rescate de Mexicana de Aviación, al negarle la jueza del concurso mercantil, Edith Alarcón, la remoción del administrador y conciliador de la línea aérea, Gerardo Badín.
El golpe habría dejado en el limbo los acuerdos alcanzados por éste con el 53 por ciento de los acreedores para aceptar un plan de reestructura, además de la firma de un nuevo contrato colectivo por parte de los sindicatos.
El gran obstáculo sigue siendo el Banco Mercantil del Norte (Banorte) y el Banco Nacional de Comercio Exterior.
El juez que antecedió a Alarcón, Felipe Consuelo Soto, había calificado de improcedente la solicitud de la dependencia.
LUZ PARA CHIAPAS
Criticada la posibilidad de que la empresa Dragón del grupo Salinas Pliego, quien explota un parque eólico para producción eléctrica en Arriaga, Chiapas, le venda ésta al Estado y sus municipios, lo cierto es que la práctica es común en empresas multinacionales. Así Kimberly Clark, Wal Mart, Nestlé, Sabritas…
Las compañías obtienen de la Comisión Reguladora de Energía un permiso de autoabastecimiento que más tarde se modifica para poder extender éste a entidades públicas… vía excedentes.
La intención de Dragón es proveer a las firmas del Grupo, es decir la cadena de tiendas Elektra, Televisión Azteca, Inmuebles Selectos y demás, canalizándose las sobrantes hacia la entidad federativa.
El costo de la electricidad para ésta y sus 27 municipios le permitirá un ahorro anual de 150 millones de pesos.
La laxitud de la CRE, encabezada por Francisco Salazar, apunta a que se trata de energías limpias, es decir se aprovecha la fuerza del viento, en lugar de plantas de ciclo combinado que generan contaminación, evitándose la emisión de 44 mil toneladas de dióxido de carbono.
GOLPAZO A TORTILLEROS
Por unanimidad, el pleno de la Comisión Federal de Competencia desechó un recurso de reconsideración planteado por productores de tortillas de Chiapas, ratificando multas por 920 mil pesos por prácticas monopólicas absolutas.
La novedad es que la sanción alcanza también a funcionarios públicos que solaparon el delito.
Estamos hablando del presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Jaime Valls Esponda, hijo del ministro de la Suprema Corte, Sergio Valls, y del director de Fomento Económico del municipio, Alfredo Machorro Fernández.
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