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'Pierden' estudios de deuda

Los documentos de la justificación del préstamo solicitado por Matamoros no ‘aparecen’

Obra Fantasma. Según la relación de gastos efectuados con recursos del préstamo bancario (por 53 millones de pesos) se destinó casi un millón a la perforación de un pozo de agua potable, mismo que no existe.

Obra Fantasma. Según la relación de gastos efectuados con recursos del préstamo bancario (por 53 millones de pesos) se destinó casi un millón a la perforación de un pozo de agua potable, mismo que no existe.

DIANA GONZÁLEZ

El préstamo millonario por el cual está endeudado el municipio de Matamoros se autorizó sin estudios que determinaran el impacto que tendrían en su economía los pagos para saldarlo, y sin cumplir con los requerimientos que marca la ley.

Ni el Gobierno del Estado de Coahuila ni el Ayuntamiento cuentan con documentación que compruebe la realización de un análisis financiero -que por ley se debió realizar y entregar al Estado- en el cual además se debían incluir las obras a las que se destinaría el dinero del préstamo bancario que solicitó el Ayuntamiento a Banobras por 53 millones de pesos y que fue autorizado por el Congreso del Estado en el año 2009.

Los pagos a deuda pública restan disponibilidad inmediata de recursos públicos al Ayuntamiento para hacer obras en beneficio de los ciudadanos. Situación que debió analizarse previamente.

Y es que conforme a la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente hasta agosto de 2011, el Congreso del Estado autorizaba a los Municipios a contratar créditos en base a la opinión de la Comisión Técnica de Financiamiento.

No obstante y según la Oficialía Mayor y la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado los Ayuntamientos que presentaron a la Comisión Técnica de Financiamiento las peticiones para la contratación de créditos en ese año (entre ellos Matamoros) debieron adjuntar información como: El Motivo para la obtención del crédito; Plan de Inversión del mismo; Efectos financieros del crédito sobre la economía de la entidad; Capacidad de pago; Programas a los cuales se destinarán los recursos del crédito; Análisis financiero del proyecto y un Estudio socioeconómico.

Como es sabido, fue el 11 de julio de 2008 cuando el exalcalde de Matamoros Raúl Onofre Contreras consideró pertinente solicitar un crédito y el Cabildo lo aprobó pero el Ayuntamiento requería la opinión de la mencionada Comisión Técnica de Financiamiento, misma que el 14 de julio de 2009 emitió una opinión favorable. Esto, al parecer sin contar con la información del impacto financiero que no se encuentra en poder ni del Ayuntamiento ni del Estado según han contestado mediante oficios ambas entidades.

Hace tres meses El Siglo de Torreón, solicitó el análisis financiero respectivo al Ayuntamiento y al Gobierno del Estado teniendo ambas entidades 20 días para dar contestación pero durante este tiempo las autoridades se 'echaron la bolita' al referirse entre sí -y mediante oficios- como los responsables de contar con esta documentación y dar respuesta a la petición de información.

La Secretaría de Finanzas había contestado que no era competente para responder y que correspondía a la Administración Fiscal General (antes Servicio de Administración Tributaria del Estado) hacerlo. Esta dependencia solicitó primero una prórroga para entregar dicha documentación y finalmente contestó a través del oficio N° AGJ/2246/2012 que ninguna de sus áreas cuenta con ella.

Se echaron la bolita....

Autoridades demuestran ante la falta de documentos que no existen pruebas de que se haya realizado un análisis de impacto financiero antes de pedir el préstamo.

⇒ El Ayuntamiento de Matamoros respondió a El Siglo el 20 de abril y por oficio que no cuenta con esa información porque fue enviada a la Comisión Técnica de Financiamiento de la Secretaría de Finanzas del Estado. El Ayuntamiento únicamente proporcionó un listado de obras en las que dice que se gastó el dinero del préstamo, de las cuales tampoco cuenta con expedientes ni facturas porque la Dirección de Obras Públicas del Municipio dice que los tiene el Estado.

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