Ante la coyuntura electoral y lo que parecería un agravamiento de la situación de seguridad en algunas regiones del país, nuevamente quiero poner sobre la mesa de discusión el tema de cómo definir una amenaza a la seguridad nacional.
¿Por qué es importante?, porque el no definir una amenaza a la seguridad nacional del país implica no atender o enfrentar esta amenaza y podría ponerse en riesgo la gobernabilidad o la viabilidad del Estado mexicano, o bien, podría implicar la muerte de muchas personas o la reducción de su calidad de vida. Por ende, el declarar una amenaza a la seguridad nacional lleva implícita la decisión del Estado de usar todas las herramientas a su disposición, incluyendo mecanismos excepcionales para enfrentar esta amenaza. Usar la frase "mecanismos excepcionales" puede poner nerviosos a muchos lectores, y con justa razón, pero estamos hablando de medidas de excepción donde se requieren soluciones especiales, pero en una democracia este tipo de opciones se implementa protegiendo los derechos humanos y dentro de los límites permitidos por las leyes.
Pero, como en todo, del dicho al hecho hay mucho, pero mucho trecho. La mayoría de las democracias del mundo, al enfrentar grandes amenazas, ha debido legislar en su constitución herramientas a todas luces inaceptables. Por ejemplo, en Estados Unidos existen juicios militares para individuos acusados de terrorismo, o simplemente el presidente de Estados Unidos puede firmar una orden ejecutiva para el asesinato de una persona considerada un peligroso terrorista. En Colombia, el ejército pudo invadir otro país y usar helicópteros artillados en contra de un campamento de guerrilleros, y también se puede imponer un alcalde militar en caso de extrema necesidad.
Muchas naciones europeas tienen una legislación especial para investigar y detener posibles actos terroristas incluyendo la interceptación de líneas telefónicas o de la Internet sin necesidad de una orden judicial.
Que quede claro, no estoy promoviendo estas herramientas o esas soluciones. Pero sí creo en la necesidad de hacernos la siguiente pregunta: ¿puede el Estado mexicano, con los actuales parámetros constitucionales y jurídicos, con las instituciones responsables de la seguridad del país, enfrentar a los grupos criminales considerados entre los más violentos del planeta?
No sé la respuesta, pero cualquier estrategia efectiva requiere una buena coordinación de las instituciones mexicanas y su debida implementación, para lograr los objetivos planeados. Lo cierto es que si no existen los mecanismos legales para perseguir a las grandes amenazas a la seguridad nacional, el Estado tendrá dos opciones: claudicar ante las amenazas o diseñar una guerra sucia e ilegal en contra de la amenaza.
Por eso es tan importante entender por qué el Estado mexicano ha tenido dificultades al enfrentar a las organizaciones criminales. ¿Es falta de capacidad o falta de legalidad?
Es importante tomar en cuenta la seguridad nacional vista como un proceso, el cual permite identificar prioridades en el corto y largo plazos, así como la posibilidad de que el pueblo acepte o rechace la existencia de una amenaza y el costo de enfrentarla y definir estrategias y acciones para el corto, mediano y largo plazos.
No debe confundirse la promoción y la protección de los intereses nacionales con las estrategias de seguridad nacional.
Éstas buscan apoyar los procesos por medio de los cuales el Estado persigue sus metas primordiales o críticas y cuyo incumplimiento podría acarrear graves consecuencias.
Es imposible separar los aspectos políticos del concepto de seguridad nacional, pero ésta se basa en el interés nacional, y eso depende de la solidez y capacidad de coordinación que solamente la política proporciona y el imperio de la política, en su función articuladora del conjunto social, es una condición indispensable en la definición del interés nacional.
Entonces, entre las preguntas que deben responder los candidatos a la Presidencia de la República están: ¿cuáles son las amenazas a la seguridad nacional que más les preocupan? ¿Qué mecanismos excepcionales se requieren para enfrentar estas amenazas? ¿Son suficientes la legislación y las estructuras actuales? Pido a los candidatos no dar una respuesta simplista como "crear más oportunidades" o "implementar las reformas judiciales". Lo que está bastante claro para el corto plazo es que los juicios orales y más empleos mal pagados no van a resolver el problema de Los Zetas o las narcofosas con más de 200 cadáveres, o enfrentamientos donde mueren más de 30 personas, o detener el éxodo de personas huyendo de la violencia. Problemas difíciles requieren soluciones difíciles.
