El presidente Felipe Calderón envió al Senado una reforma para permitir la privatización de la propiedad ejidal. La iniciativa modifica, deroga y adiciona la Ley Agraria, y otorga a los ejidatarios el derecho de propiedad sobre sus parcelas, lo que contrasta con su situación actual, pues sólo tienen derecho de su uso y disfrute y la propiedad es colectiva.
Con los cambios, se permite a los ejidatarios transmitir propiedad, en lugar de ceder sus derechos, lo que implica la posibilidad de vender la parcela a otro ejidatario, a un lugareño de la misma población ejidal o a personas ajenas a éste.
El proyecto permitiría transitar con celeridad a la titulación a favor del ejidatario sobre su parcela, modificar el principio de la unicidad en la titularidad del derecho de propiedad y los requisitos de la asamblea para adoptar colectivamente el régimen de propiedad privada o dominio pleno.
El titular del Ejecutivo explica que hoy existe un mercado incipiente de tierras por la falta d titulación de derechos de propiedad entre ejidatarios, pues la legislación vigente desde 1992 prevé diversas limitaciones para aceptar el usufructo de las tierras ejidales como garantía.
Lo que ha originado un estancamiento, la baja en el crédito rural y la falta de capitalización de ejidos y comunidades, por lo que es necesario impulsar el desarrollo del campo mexicano a través del otorgamiento del dominio pleno de las tierras a sus legítimos poseedores.