Despidos. Ante los problemas que tienen los municipios para pagar indemnizaciones pendientes, con el presunto recorte en las participaciones federales, podrían registrarse más despidos.
Seis Municipios están en riesgo de ser embargados por adeudos en el pago de indemnizaciones a burócratas despedidos, reveló el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), Arturo Yañez Cuéllar.
"Nos preocupa mucho que ya tengamos mandatos de ejecución de embargo y que vayamos a tener que llegar a una Presidencia Municipal a embargar con un bien inmueble", manifestó.
El funcionario estatal refirió que el caso de Guadalupe Victoria es el más grave, por lo que se hará una reunión para buscar la conciliación a través de algún convenio.
También Pueblo Nuevo, Rodeo, Lerdo y Peñón Blanco están en una situación crítica, mientras que en el caso de Pánuco de Coronado, la situación es menos grave.
Ante ello, se implementarán medidas para resolver este problema y evitar el embargo. "Vamos intensificar esta semana las mesas de conciliación y esperamos tener una respuesta favorable y un acuerdo entre municipios y trabajadores", indicó el entrevistado.
'RECORTES'
El secretario del Trabajo informó que hasta ahora, el único caso reportado de despidos por recortes presupuestales recientes ha sido el de Peñón Blanco, cuyo alcalde prescindió de 14 de los 22 trabajadores que había reinstalado.
Asimismo, negó que haya casos graves en las Juntas de Conciliación de Arbitraje por trabajadores del municipio de Gómez Palacio; no descartó que haya habido despidos, pero se cumplió con el pago de indemnización a los exempleados.
Los municipios que están en una situación preocupante, reiteró, son los que tienen indemnizaciones pendientes por pagar desde hace varios años, montos que se han incrementado al grado de afectar las finanzas públicas.
"Vamos a estar muy al pendiente, tenemos que proteger a los trabajadores en cuanto a sus derechos de indemnización", comentó el funcionario respecto al riesgo de despidos ante los recortes presupuestales que han denunciado tanto los alcaldes de varios municipios como el gobernador del Estado, Jorge Herrera Caldera.
