Un juez federal dijo el viernes que postergará su decisión sobre la constitucionalidad de la ley migratoria de Utah, ocho meses después que la medida quedó en suspenso a la espera de argumentos jurídicos.
El juez Clark Waddoups dijo en Salt Lake City que dentro de unos días tomará una decisión en cuanto a si fallará sobre el caso o mantendrá una orden judicial temporal que está vigente hasta después que fallen los tribunales en torno a una ley similar en Arizona.
La legislación creada por el proyecto 497 de la Cámara de Representantes habría permitido a la policía verificar la ciudadanía de todo arrestado. El juez Waddoups la bloqueó incialmente en mayo, 14 horas después de que entró en vigencia.
En esa ocasión, el magistrado señaló las similitudes con una controversial ley de Arizona que está camino a la Corte Suprema de la nación, y dijo que había evidencias suficientes para determinar que por lo menos algunas partes de la ley de Utah serían inconstitucionales.
El juez presionó el viernes a los abogados del estado para que expliquen por qué Utah puede justificar ir más allá de las leyes federales vigentes para penalizar el ingreso al estado de un inmigrante no autorizado a vivir en el país. Mientras tanto, los abogados del Departamento de Justicia nacional fueron presionados para que expliquen qué impediría que el estado solicite información sobre el estatus migratorio de una persona.
Josh Wilkenfeld, abogado del Departamento de Justicia federal, dijo que Utah intenta sustituir la ley federal al ordenar que los agentes de policía revisen el estatus migratorio de cualquiera que ingresa a una prisión, y recordó un fallo del tribunal de apelaciones del Noveno Circuito que revocó una ley similar aprobada en Arizona.
"La cooperación es en los términos federales, no en los que el estado defina", dijo Wilkenfeld.
La Unión Americana por las Libertades Civiles y el Centro Nacional sobre la Ley de Inmigración interpusieron una demanda una semana antes que la ley de Utah entrara en vigencia para detener la puesta en marcha del proyecto 497, bajo el argumento de que podía conducir a la etiquetación racial.
El Departamento de Justicia federal se sumó a la demanda en noviembre, y sostuvo que la medida usurpaba la autoridad federal.
