El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, suspendió su viaje a Río de Janeiro para participar en la cumbre Río+20, ante la situación generada en el país tras la muerte de 17 personas en un choque armado entre policías y campesinos.
"El motivo (de la suspensión del viaje) es la situación reciente que ha vivido el país y le pareció prudente al presidente finiquitar todos los trámites relativos a esos hechos", dijo un portavoz de la Presidencia paraguaya.
"Básicamente es porque le pareció pertinente permanecer en el país en función a los acontecimientos", añadió la fuente en alusión al enfrentamiento a tiros registrado el viernes pasado en una hacienda del departamento de Canindeyú, al noreste de Asunción y colindante con el estado brasileño de Paraná.
Quien sí viajará Río de Janeiro para asistir a la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible Río+20 es el canciller paraguayo, Jorge Lara Castro, que se espera que salga hoy, dijeron fuentes de su ministerio.
Al menos seis policías y once campesinos "sin tierras" fallecieron en el enfrentamiento registrado durante una operación de desalojo de la hacienda del conocido político y empresario Blas N.Riquelme, en un hecho sin precedentes en el país.
El jefe de Gabinete del Gobierno, Miguel López Perito, anunció a la prensa que se va conformar una comisión investigadora.
Por esos hechos fueron destituidos el ministro del Interior, Carlos Filizzola, y el comandante de la Policía, Paulino Rojas, quienes fueron sustituidos el sábado por el exfiscal general del Estado Rubén Candia Amarilla y por el comisario Arnaldo Sanabria, respectivamente.
Además, doce campesinos fueron detenidos e imputados por varios cargos, entre ellos homicidio doloso, homicidio doloso en grado de tentativa, lesión grave, asociación criminal, coacción y coacción grave.
Esos cargos también pesan sobre otros 46 labradores que fueron declarados en rebeldía y que son buscados por las autoridades, luego de que se dieran a la fuga en medio del tiroteo.
Las investigaciones en la zona son encabezadas por los fiscales Diosnel Giménez, Jalil Rachid y Ninfa Aguilar.
Esta última anunció ante los periodistas que se apartará del caso al denunciar que no cuenta con las garantías de seguridad para proseguir con las diligencias.
Entretanto, los dirigentes campesinos de la zona afectada denunciaron abusos y persecución por parte de la policía y exigieron indemnizaciones para los familiares de los fallecidos.
Las ocupaciones y desalojos de fincas son constantes en Paraguay, donde grupos de "sin tierras" acusan al Estado de haber cedido ilegalmente grandes extensiones de terrenos a latifundistas y productores agrícolas, principalmente durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).
