La Suprema Corte de Justicia se alista para resolver, en definitiva y de manera obligatoria, que los militares acusados por delitos contra civiles deben ser juzgados por tribunales ordinarios y no por el fuero de guerra.
El pleno de la Corte agendó para la segunda semana de agosto un paquete de 28 amparos promovidos por militares, así como dos conflictos competenciales entre tribunales, que le permitirán sentar jurisprudencia con base en el criterio fijado en julio 2011 a partir del caso Rosendo Radilla, mismo que sólo fue un pronunciamiento que no obliga a las demás autoridades.
El paquete incluye cinco amparos de subordinados del General Manuel Moreno Aviña, acusado de abusos sistemáticos en Ojinaga durante 2008, así como seis derivados de las ejecuciones de civiles presuntamente ordenadas por un Coronel y un Teniente Coronel en Nuevo Casas Grandes en 2009 y 2010.
Además, la Corte discutirá seis amparos de soldados acusados en 2011 por trasladar 928 kilos de cristal y 30 kilos de cocaína del Distrito Federal a Tijuana.
En este caso no hay víctimas civiles, pero el ministro Arturo Zaldívar explicó que la Corte buscará definir si delitos relacionados con el narcotráfico y otros deben ser considerados como "faltas contra la disciplina militar" o si también deben ser procesados por tribunales federales.
Un fallo en este sentido restringiría notablemente el ámbito de acción de los juzgados adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional.
La agenda de la Corte incluye además el caso de Otilio Cantú, el joven asesinado en abril de 2011 por militares comisionados al servicio de la Policía de Nuevo León.
AMPAROS A DISCUSIóN
Los ministros discutirán el amparo de Carlos Fidel Ábrego, acusado de alterar la escena de ese crimen y, al igual que los demás involucrados, sujeto a proceso en el ámbito castrense por orden de un tribunal colegiado de Monterrey.
También se analizará un amparo presentado por José Rubio Villegas, un indígena cuyo hermano, Bonfilio Rubio, fue asesinado por un soldado en 2009, y quien pide que el caso salga de la justicia militar.
Otros casos, hasta ahora no difundidos, incluyen el de un Teniente acusado de dos homicidios en Lechivía, Oaxaca, en agosto de 2008; un Sargento Segundo procesado por robo a casa-habitación y homicidio calificado en La Paz, Baja California Sur, que el año pasado ganó un amparo para sacar su juicio del fuero civil y mandarlo al castrense, y el de un Capitán Segundo que, desde Cancún, habría operado vía Nextel para ordenar la liberación de tres secuestradores del Cartel del Golfo detenidos en Allende, Nuevo León.
Incluso se revisará el amparo de José Félix Flores Camacho, un Sargento acusado de homicidio culposo luego de un accidente en el que un camión de la Sedena mató a tres personas en el Estado de México en 2007, y el de Silvia Hernández Tamarí, una enfermera militar acusada de abuso sexual contra un menor, cuyo caso fue investigado por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, pero luego fue asignado a la Sedena.
