Mientras el gobierno de Veracruz encabezado por el priísta Javier Duarte pretendía realizar pagos en efectivo por 25 millones de pesos, el PRI propuso al IFE aprobar un acuerdo para blindar los comicios de 2012 que contempla la disminución del uso del dinero en efectivo durante el proceso electoral.
El pasado 27 de enero, la Procuraduría General del República (PGR) detuvo a una aeronave del gobierno estatal con la cantidad citada. De acuerdo con el Gobierno de Veracruz, el dinero serviría para pagar servicios culturales del Festival de la Candelaria, el Carnaval de Veracruz y la Cumbre Tajín.
Once días antes, el 16 de enero, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) entregó al secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral (IFE), Edmundo Jacobo Molina, la propuesta "Acuerdo por el que se establecen las medidas y compromisos de partidos político y el propio IFE para coadyuvar a fortalecer las condiciones de seguridad pública, legalidad y transparencia durante el resto del proceso electoral federal 2012", con la intención de que el Consejo General discutiera el tema y lo aprobara.
"Los partidos procurarán políticas de financiamiento y gasto tendientes a disminuir el uso del dinero en efectivo", indica la propuesta priísta.
En el documento, el PRI propone a su vez obligar a los partidos políticos a "redoblar las medidas internas" para fiscalizar debidamente las fuentes de ingreso y destino del gasto llevados a cabo por todos sus precandidatos, candidatos, así como de sus estructuras a nivel nacional, local, distrital o municipal.
"Según sea el caso, los partidos políticos vigilarán escrupulosamente la identidad de los aportantes en dinero y de los propietarios de los bienes recibidos en especie; el origen y flujo del dinero en efectivo legalmente permitido y el listado de proveedores que vayan siendo contratados durante el proceso electoral", indica el documento.
El texto sugiere a su vez "maximizar" el principio de publicidad y transparencia de la información sobre precandidatos y candidatos, así como de las operaciones financieras realizadas durante las precampañas y campañas.
Como lo prevé el Reglamento de Fiscalización del instituto, el PRI plantea entregar un listado de personas políticamente expuestas que incluya a militantes priístas que ostentan algún cargo de elección popular.
La propuesta priísta para blindar la elección sería votada en la sesión de Consejo General del IFE del pasado 25 de enero. Sin embargo, la discusión se difirió con el fin de incorporar en un nuevo documento la sugerencia del Partido Acción Nacional (PAN) de someter a los candidatos a controles de confianza (exámenes psicológicos, toxicológicos y polígrafo) y eliminar referencias a tareas del instituto en materia de seguridad pública.
