El pasado jueves el coordinador de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Monreal, sumó a sus acusaciones en contra de los flujos ilegales de dinero a la campaña del priista Enrique Peña Nieto, 8 mil 681 millones de pesos que presuntamente fluyeron de una cuenta del Gobierno del Estado de México, manejada por el coordinador de la campaña de Peña Nieto, Luis Videgaray.
Las afirmaciones de Monreal de inmediato fueron descalificadas por el mismo Videgaray; unas horas después el banco Scotiabank envió un comunicado señalando que la cuenta pertenece al Gobierno del Estado de México y no a Videgaray; y el viernes el Gobierno de dicha entidad ratificó dicha información. El mismo viernes por la tarde, Monreal presentó una grabación de una persona que se hace pasar por Videgaray presuntamente al centro de atención a clientes del banco, donde la telefonista le corrobora que la cuenta está a su nombre, así como la realización de varias operaciones de la misma cuenta; Videgaray lo volvió a descalificar vía twitter.
De acuerdo a la versión del Gobierno del Estado de México, esta cuenta de inversión la utiliza dicha entidad para maximizar los rendimientos financieros que recibe por los excedentes temporales de tesorería, incluso precisan: "Específicamente, en la cuenta se depositan recursos provenientes de las participaciones federales, durante los días del mes que transcurren entre la fecha en que se reciben de parte del Gobierno Federal y la fecha en la que dichos recursos se aplican para el pago de nómina y otros fines autorizados en el Presupuesto de Egresos.".
Desde luego, más adelante reiteran, lo que ya había informado el banco, que Videgaray no tiene injerencia en el manejo de ninguna de las cuentas del Gobierno desde que se separó de su cargo de Secretario de Finanzas, el 30 de marzo de 2009, que fue precisamente lo que pretendió desacreditar Monreal con la grabación que presentó.
Aunque sería muy grave que alguien totalmente ajeno al Gobierno sea el responsable del manejo de sus cuentas, lo más importante en este caso es el origen y destino del dinero que se maneja en dicha cuenta. Si como dice el Gobierno es el dinero que llega del Gobierno federal y que posteriormente se traspasa a otras cuentas del mismo Gobierno para su ejercicio directo, todas estas operaciones deben ser públicas, así que el desmentido más contundente que pueden hacer es cumplir con esto y transparentar todas las operaciones que realizaron en dicha cuenta.
La hipótesis de Monreal es que a dicha cuenta llegaron recursos del gobierno, pero eventualmente también de otras instancias; y, más importante, que se transfirieron a cuentas que le permitían canalizar el dinero hacia la campaña del priista. La versión del Gobierno es que es una cuenta de paso, para obtener rendimientos financieros.
En este caso, si el mismo Gobierno identifica con claridad y absoluta transparencia las cuentas de origen de todos los recursos que llegan a la misma, así como, las cuentas de destino del dinero que sale de la misma, se acaban las especulaciones. De acuerdo a su dicho lo más probable es que los pagos al personal y proveedores se realicen a través de otras cuentas del mismo Gobierno, así que ellos mismos podrían mostrar dichas transferencias y, si fuese el caso, el pago de nóminas o a los proveedores.
Tan importante como el titular de la cuenta es el manejo de los recursos, si el Gobierno del Estado de México demuestra que no hay nada que esconder, desacreditará la versión de Monreal.
En caso de que el Gobierno opte por no hacer pública dicha información, lo que sucederá es que Movimiento Progresista interpondrá la denuncia ante la Procuraduría General de la República y la queja ante el Instituto Federal Electoral y, éstos no tendrán excusa alguna para resolverla inmediatamente, pues hoy están a la vista de todos los datos precisos y todo es cuestión de acceder a la información puntual.
El 27 de junio, cuando el PAN denunció la existencia de los monederos electrónicos de Monex y dio los datos exactos, en 2 días el IFE tenía la información precisa de monto, titular de la cuenta y nombres de los poseedores de las tarjetas, por eso el PRI tuvo que aceptar que utilizaron dicha cuenta para pagar a su estructura electoral. En aquel momento, a la autoridad electoral únicamente le tomó 2 días confirmar la información que proporcionó el PAN, ahora no le debe tomar más tiempo confirmar o rechazar la información que le han proporcionado los distintos involucrados.
Lo cierto es que la confirmación de la primera denuncia, la del PAN el 27 de junio, y la coincidencia de accionistas (uno muerto hace 2 años y otro que realiza chambas diversas y en el sector informal) de una de las empresas (Comercializadora Atama) que reconoció el PRI que participan en dicha operación, con los de una de las empresas (Comercializadora Inizzio) que denunció el Movimiento Progresista, como titulares de otras cuentas que expidieron monederos electrónicos para los priistas es precisamente lo que hace verosímiles al resto de las denuncias.
La vía para acabar con todas estas especulaciones es la transparencia absoluta de la información y eso sólo lo pueden hacer las autoridades o los mismos denunciados. Si el PRI y el Gobierno del Estado de México no tienen nada que ocultar, que transparenten toda la información; pero si no lo hacen darán pie a que las acusaciones, las especulaciones y la desconfianza crezcan todavía más.
