El gobierno mexicano reconoció ante el Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas que muy pocos responsables de ese delito han sido castigados en el país.
En un documento de sustentación presentado esta semana en Ginebra, Suiza, en el marco del período de sesiones del organismo, atribuyó el rezago a "problemas de interpretación" legal.
Reportó que entre 2005 y 2012 se iniciaron 127 averiguaciones previas por tortura, que fueron consignados 74 servidores públicos por ese delito y sólo 6 fueron sentenciados.
"Por lo que se refiere a la jurisdicción nacional, quiero reconocer aquí, en nombre del Estado mexicano, que problemas de interpretación judicial, a partir de otros problemas de tipificación, explican que en México haya pocas sentencias firmes en materia de tortura", indicó Ruth Villanueva, subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, y cabeza de la delegación oficial que acudió a la reunión del CAT.
No obstante, la funcionara sostuvo que en los últimos años se ha fortalecido la capacidad del Estado para prevenir violaciones de los derechos humanos y, en su caso, juzgarlas y castigarlas.
Sostuvo que el Protocolo para la Detención y Puesta a Disposición de Personas ha contribuido a prevenir la tortura.
"(El Protocolo) establece un Informe Policial Homologado con datos detallados de la hora, el lugar, el motivo y la ubicación de las detenciones, con una explicación particular en aquellos casos en los que la persona detenida no fue puesta a disposición de la autoridad competente sin demora", apuntó.
Villanueva destacó además que, con las reformas a la Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura aprobadas por el Senado en abril de este año -que aún no han sido avaladas por la Cámara de Diputados-, se establecerá un estándar de protección más alto al aumentar las sanciones contra quienes cometan ese delito.
En respuesta a cuestionamientos de los expertos del CAT sobre la figura del arraigo, indicó que se trata de una medida excepcional orientada a garantizar la eficacia del sistema de procuración de justicia y sostuvo que en todo momento se protegen los derechos de quienes son sometidos a la misma.
