El Gobierno marroquí ha prohibido un año más los campamentos de verano organizados por la organización semi tolerada Justicia y Caridad (JYC), según denunciaron fuentes de la organización.
En las últimas semanas, las fuerzas del orden han impedido o desmantelado en tres ocasiones los campamentos que JYC había programado en una playa cercana a Tetuán (norte del país), en las cascadas del Uzud (centro) y en la región de Taza (este).
Ninguna fuente oficial marroquí ha hecho la menor alusión a estos incidentes, que se repite casi sistemáticamente en los últimos años, y ello pese a que esta es la primera vez en que el gobierno está encabezado por otro partido islamista, el Partido Justicia y Desarrollo (PJD, moderado).
Según Mohamed Salmi, miembro del Secretariado Político de JYC (considerada mayoritaria en el islamismo marroquí), la realización de estos campamentos fue tolerada solo en algunas ocasiones la pasada década, pero "cuando vieron que podíamos organizar estos campamentos como ningún otro, tuvieron miedo de que eso nos atraiga aún más las simpatías del pueblo".
"Tienen miedo de que nuestra voz se oiga, de nuestra misma presencia", dijo Salmi, que reivindicó su "derecho, como el de todos los marroquíes, a la distracción, al ocio y al disfrute del territorio nacional", denunció Salmi.
Los campamentos de JYC adquirieron notoriedad hace algunos años cuando se difundieron imágenes de cientos de personas haciendo la oración pública en una playa pública (las mujeres totalmente cubiertas y separadas de los hombres).
"¿Cuál es el problema? Hacer la plegaria no es nada extraño para un pueblo musulmán. Hay quien no la hace, y nadie lo molesta, y otros se nos unen para rezar con nosotros. Pero (el poder) no tiene costumbre de tolerar la plegaria en público, es algo que les da miedo", reflexionó.
La organización JYC es ilegal pero sus actividades son en ocasiones toleradas: convocan manifestaciones, contactan a periodistas y publican comunicados, pero sus militantes son a veces arrestados o, como sucedió recientemente, perseguidos por delitos como el adulterio, que rara vez se persiguen en Marruecos.
Mientras que el PJD encabeza el gobierno marroquí y se declara inequívocamente monárquico, Justicia y Caridad contestan la legitimidad religiosa y política del rey Mohamed VI, lo que les impide obtener una legalidad política que persiguen desde hace más de una década.
