Ante el incremento del endeudamiento de estados y municipios, diputados del PAN, PRI y PT, se pronunciaron por legislar para aplicar candados y evitar la contratación de deuda a espaldas de la población o disfrazada de figuras jurídicas.
El subcoordinador de Política Económica de la fracción parlamentaria de Acción Nacional en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Ricardo Anaya Cortés, indicó que en este problema cobra relevancia la iniciativa preferente presentada por el presidente relativa a la reforma a la Ley Federal de Contabilidad Gubernamental.
En entrevista agregó que uno de los objetivos concretos de esta propuesta es evitar el abuso en la contratación de deuda pública en la entidades federativas.
Como lo ha dicho la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) hoy no es un problema serio el tamaño de la deuda como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), lo que es alarmante es la velocidad a la que crece la deuda pública a nivel de los estados.
En este sentido expuso que “la deuda pública por definición solamente debe ser contratada en casos donde la aplicación resulte una inversión productiva, los gobiernos deben poderlo justificar con claridad y, de lo contrario, pues debe aplicarse la norma jurídica”.
Sostuvo que hay coincidencias entre la plataforma del PAN y muchos de los planteamientos de la OCDE, por lo tanto, cobra importancia la iniciativa presentada por el Ejecutivo y es la de poner un alto a este crecimiento desmedido de la deuda en los estados.
Es un tema en el que los partidos políticos deben participar y por ningún motivo se debe politizar, ya que es una cuestión que afecta a los ciudadanos independientemente de la organización partidista de la que se trate, aseguró.
En este caso se encuentran los estados de Chiapas y Coahuila que solicitan préstamos a espaldas de la población, agregó el diputado del Partido Acción Nacional (PAN).
Por separado el legislador del Revolucionario Institucional (PRI), José Everardo Nava Gómez, comentó que hay entidades que solicitaron recursos para infraestructura muy importantes y otros se han endeudado sin tener las obras que se requieren.
En este último caso, agregó, es responsabilidad de cada uno de los gobernadores para no dejar endeudados a sus entidades.
“Es lamentable que muchas veces se quedan endeudados los estados y sin la manera de hacer obras tan importantes de beneficio para la sociedad”, mencionó.
Tenemos que ver, prosiguió, la posibilidad de legislar para que los gobiernos de los estados no se endeuden más allá de la administración, indicó.
Incluso los municipios porque lamentablemente quien llega a una nueva administración se topa con una difícil situación financiera y dejan atados de manos los mandatarios entrantes, advirtió.
A su vez, Ricardo Monreal Avila y Ricardo Mejía, de Movimiento Ciudadano (MC), exigieron un alto a la impunidad y endeudamiento de los gobiernos de los estados que detonó nuevamente por la solicitud de cinco mil millones de pesos del gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerero.
Dieron a conocer que hace tres días la calificadora Moody´s advirtió que existe una alta correlación entre las elecciones y la contratación de deuda por parte de estados y municipios.
Tan sólo en las recientes elecciones, dijeron, se incrementó de 10 a 20 por ciento el número de estados y municipios que bajaron su perspectiva a negativa, dado el aumento de sus empréstitos.
En su diagnóstico la calificadora señala que ante escenarios electorales competidos, la administración saliente puede tener incentivos para aumentar el gasto, los cuales resultan en un rápido deterioro financiero seguido por problemas de liquidez.
Por ejemplo, al primer trimestre de 2012 los estados que más incrementaron su deuda fueron Tabasco, en 19.3 por ciento; Jalisco, en 9.9 por ciento; Chiapas, en 6.1 por ciento; Morelos, en 5.6 por ciento y Yucatán, con 3.4 por ciento, entre otros, señalaron.
Actualmente, precisó Monreal Avila, es conocida la pretensión del gobierno de Chiapas de aumentar en cinco mil millones de pesos su nivel de endeudamiento, argumentando que son para garantizar la transición gubernamental.
“Es importante señalar que si bien los gobiernos estatales y municipales que tienen este problema de deuda por motivos electorales, provienen de casi todos los partidos políticos.
“Hay una clara tendencia en las administraciones priistas a endeudarse exorbitantemente en períodos electorales y un caso de ellos es el Moreirazo de Coahuila”, indicó.
Tenemos otros casos, subrayó, como el de Nayarit o el del municipio de Acapulco, donde los gobernantes dejaron deudas prácticamente impagables.
Es decir, sus administraciones están en deuda y hay ayuntamientos en este momento que no tienen ni para pagar la nómina, agregó.
Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 1993 revelaron que el saldo total del endeudamiento de entidades federativas y municipios era de 18 millones 278.2 millones de pesos.
Año con año el saldo se ha ido incrementando a razón de entre 10 mil y 15 mil millones de pesos. Circunstancia que cambia drásticamente a partir de la entrada de la última administración blanquiazul.
Por ejemplo, de 2008 a 2011 el saldo total de la deuda de las entidades federativas y los municipios pasó de 203 mil a 390 mil millones de pesos.
Lo que significa que se suscitó un incremento en el saldo total de las obligaciones financieras de estados y municipios de casi 200 mil millones de pesos en tan sólo tres años, abundó.
Apoyándose en el hecho de que no existe una regulación adecuada para fijar los topes de endeudamiento, los gobernadores han buscado allegarse de recursos económicos vía empréstitos, principalmente en el umbral de los periodos electorales locales o federales, indicó.
Situación que refuerza la idea, dijo, de que el endeudamiento en los estados obedece a la satisfacción de intereses de partido y no a las necesidades de desarrollo económico y social de las comunidades o de los gobernados, aseguró.