Problema. Las prácticas discriminatorias contra las mujeres se siguen cometiendo, pese a que actualmente sostienen uno de cada cuatro hogares del país.
Los servidores públicos que en el ejercicio de su responsabilidad realicen acciones que tengan por objeto impedir o anular la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres deben recibir sanciones administrativas, señaló la diputada María Elena Arenas. Al presentar la iniciativa de reformas a la Ley de Responsabilidades, la legisladora señaló que en el país la cultura es un crisol de costumbres, tradiciones y creencias que hasta hoy se conservan, lo que ha traído como consecuencia la exclusión de las mujeres a participar como entes activos en el progreso de la nación.
LUCHA
Aún persisten barreras que impiden a las mujeres lograr un pleno desarrollo, como es la discriminación en el acceso a la educación, el acoso sexual, la discriminación laboral y la discriminación salarial, entre otras.
Con la iniciativa se busca adicionar una fracción VIII del artículo 47, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Durango, para evitar acciones u omisiones sobre la igualdad.
La diputada también propone reformar el penúltimo párrafo del artículo 52 de la Ley de Responsabilidades, a efecto de considerar la anterior conducta como casual de inhabilitación del servidor público.
Comentó que la desigualdad y la discriminación por motivos de género lesionan el desarrollo de toda sociedad, por lo que resulta inaceptable seguir manteniendo una actitud de indiferencia y falta de compromiso ante las condiciones de exclusión, pobreza y discriminación en que viven miles de mujeres.
Superar la discriminación hacia las mujeres no sólo es una deuda histórica; es además, el único camino para alcanzar el verdadero progreso.
Dijo tener conocimiento de que las prácticas discriminatorias contra la mujeres se siguen cometiendo, pese a que actualmente sostienen uno de cada cuatro hogares del país y aventajan a los hombres en preparación académica.
