Descartada totalmente por el sector empresarial la posibilidad de un tercer sexenio panista, existe pánico de que, en la desesperación por la pérdida del hueso, la incapacidad de los funcionarios los empuje a excesos sin fin… como ocurre ya en la Secretaría de Economía
Hete aquí que en alarde de temeridad y de ignorancia del marco jurídico del país, el director general de Normas de la Secretaría de Economía, Christian Turégano Roldán, acaba de autorizar la operación de un organismo para normalizar la producción y comercialización de leche y derivados… en duplicidad con uno existente.
Haga de cuenta que el país tuviera dos Cámaras de Diputados y dos de Senadores, o hubiera tienda de enfrente para la Comisión Federal de Telecomunicaciones o la Comisión Federal de Competencia.
Autorizada el 11 de junio de 2002 la operación del Consejo para el Fomento de la Calidad de la Leche y sus Derivados, hete aquí que 10 años después se hace lo propio con el Instituto Mexicano de Productos Lácteos… con las mismas tareas específicas.
La licencia para el primero habla de "elaborar, modificar, expandir y cancelar normas mexicanas en el área de productos, equipos, procesos, servicios y métodos de prueba de leche y sus derivados".
La licencia para el segundo habla de normalizar las tareas relacionadas con la leche, aunque agrega en específico derivados como mantequilla y queso, leche condensada y evaporada, crema, además de helados y postres.
Se diría, pues, que se intentó en el papel extender facultades al segundo que no tiene en detalle el primero, lo cual en la práctica resulta absurdo.
Por lo pronto, el jueves pasado el organismo agraviado presentó una queja contra el funcionario responsable ante el titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Economía, "por presuntas violaciones jurídicas en el otorgamiento de registro como organismo nacional de normalización al Instituto Mexicano de Productos Lácteos".
La exposición de motivos habla de que el organismo agraviado se constituye sin fines de lucro, habiendo cumplido a cabalidad con la obligación que le confiere la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Se señala, además, que habiendo sido objeto de siete auditorías desde 2003, no existe ninguna observación que pudiera poner en peligro su registro.
Más allá, el Cofocalec, por sus siglas, señala que la Dirección General de Normas no comprobó la veracidad de los dichos del Instituto Mexicano de Productos Lácteos en el sentido de que posee cobertura nacional; que cuenta con capacidad para participar en las actividades de normalización internacional, y que tendría recursos provenientes de la Cámara Nacional de Industriales de la leche.
El problema es que ésta también provee de presupuesto a la contraparte.
Y el problema, además, es que la propia dependencia de la Secretaría de Economía valida el argumento del Instituto de "que es posible y viable que dos organismos de normalización operen dentro de un mismo sector, sin que dupliquen sus trabajos o se contrapongan sus normas".
El absurdo, pues elevado al infinito.
Imagínese usted cuando un productor se encuentre con dos visiones distintas de lo que debe entenderse por leche, o la cantidad de contenidos permitidos de grasa en sus derivados…
Se diría, pues, que se está sembrando una semilla hacia el caos.
Al Cofocalec, presidido por María del Refugio Torres Vitela del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad de Guadalajara, concurren la Asociación Nacional de Ganaderos Lecheros, la Canacintra, la Unión de Pasteurizadores de Juárez y empresas en lo específico como Alpura, Hershey, Unifoods, Alimentos la Concordia, Lechera Guadalajara…
En sus decisiones participa la Unión Nacional de Padres de Familia, además de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, en paralelo a dependencias públicas como la Secretaría de Agricultura y la Procuraduría Federal del Consumidor.
Lo cierto es que ésta no es la primera queja contra el director general de Normas de la Secretaría de Economía. El año pasado se le acusó de alertar, en lugar de sancionar, a las empresas Nestlé y la cadena de tiendas Costco de un incumplimiento en la información comercial de una fórmula láctea.
Las pruebas se anexaron a un expediente que se mantiene dormido.
Más allá, en su carácter de secretario Técnico de la Comisión Nacional de Normalización, el funcionario, Christian Turégano Roldán, permitió la participación de funcionarios que no tenían la jerarquía para votar el Suplemento del Programa Nacional de Normalización, lo que volvió ilegal su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La pregunta es quién es el padrino del funcionario.
BALANCE GENERAL
Firme el dedo en el renglón frente a su oposición a la reforma electoral de 2007 que le concede al Instituto Federal Electoral la facultad exclusiva de colocar spots en los medios de comunicación electrónicos aprovechando los tiempos oficiales, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) elevará su querella ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Como recordará usted, el organismo planteó una serie de amparos ante los tribunales nacionales, con la novedad de que sólo uno de ellos tendría cauce, el colocado en la mesa por la Coparmex de Morelos.
El escenario permitió que se elevara ante la Suprema Corte el asunto, quien negó que fuera inconstitucional el nuevo marco, aprobada en reacción a la "guerra sucia" emprendida en 2006 contra el aspirante presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con el organismo patronal, secundado en su momento por el Consejo Coordinador Empresarial, el escenario atenta contra la libertad de expresión.
OPERACIÓN DE PINZAS
Detrás de la posibilidad de que se abra un periodo extraordinario de sesiones en la recta final de la legislatura actual, lo que no ocurre desde el sexenio lópezportillista, cuando el PRI tenía la hegemonía, está un juego de pinzas instrumentado por el Consejo Coordinador Empresarial.
El organismo, encabezado por Gerardo Gutiérrez Candiani, logró conjugar la presión de los lobistas o cabilderos de las empresas gigantes y la de las comisiones de enlace legislativo de los organismos que aglutina en el propósito.
La idea es votar las iniciativas que están ya dictaminadas, además de aplanar el camino para otras en proceso, de cara a la nueva legislatura.
Entre los pendientes está la ley para el combate de lavado de dinero; la que plantea mando único de policía en las entidades federativas y una nueva Ley de Amparo.
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