El contralor interno de la Cámara de Diputados, Gustavo Varela Ruiz, rendirá la próxima semana un informe sobre las responsabilidades administrativas en que habrían incurrido personal o funcionarios públicos en torno al caso del presunto espionaje detectado en San Lázaro.
Sin embargo se han hallado dificultades "para encuadrar en el ámbito de una responsabilidad" algunas de las conductas investigadas, adelantó el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Oscar Arce Paniagüa, al referirse a la violación de sellos y obstrucción a las revisiones, hechos de los que dio cuenta el anterior presidente camaral, Guadalupe Acosta Naranjo.
De acuerdo a un primer corte sobre el estado del caso, emitido en febrero por Acosta, la indagatoria interna señalaba al titular y por lo menos dos empleados de la dirección de Tecnologías de Información de la Cámara, como presuntos responsables de bloquear, durante los días 19 y 20 de enero, la revisión ordenada por la mesa directiva.
Por esos hechos el área de Asuntos Jurídicos de la Cámara levantó un acta por obstrucción, pues se violaron los sellos de seguridad con los que fue resguardaba una de las áreas en las que se detectó la presencia de aparatos para escuchas ilegales.
"Algunas acciones las está encontrando difíciles de encuadrar en el ámbito de una responsabilidad. Vamos a revisar también muy concienzudamente si necesitamos modificar el Reglamento de la Cámara para que algunas órdenes o algunas cuestiones que se puedan violar, como en el caso de los sellos, pudieran tener una consecuencia ya de sanción administrativa o penal", dijo la mañana de este jueves Arce Paniagüa.
En tanto, informó que la Procuraduría General de la República (PGR) aún realizará por lo menos tres diligencias más con relación al supuesto espionaje.
El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) se reunió con la procuradora, Marisela Morales el pasado miércoles, encuentro en el que ésta le ofreció detalles del estado que guarda la averiguación previa, iniciada a principios de año tras detectar en diversas instalaciones camarales la operación de aparatos "sofisticados" para escuchar y grabar conversaciones telefónicas así como para obtener respaldos de documentos electrónicos.
La indagatoria, indicó Arce, "tiene avances muy sustanciales; faltan exclusivamente tres diligencias por hacer. Una de ellas, con las personas que prestaron el servicio de revisión (de las instalaciones para detectar equipos) de espionaje y algunas otras personas en lo particular, que me reservo los nombres, que tendrán que comparecer a declarar".
Concluida esa etapa "la procuradora me dijo (que) estará en condiciones de determinar el expediente, es decir, que la resolución recayera en una consignación, en un archivo, en lo que la procuraduría obtuviese, independientemente de todas las pruebas que han recabado, en esas tres pruebas en específico", dio a conocer el legislador.
