La Ley Federal de Archivos que entra en vigor hoy martes, define a los documentos gubernamentales como bienes públicos, por lo que anulará toda posibilidad de que los funcionarios hagan un uso discrecional de éstos.
Sustracción de documentos históricos, desaparición de archivos o la destrucción de los mismos ya no podrán ocurrir pues este ordenamiento jurídico protege la preservación documental.
La Ley prohibe expresamente a servidores públicos sustraer documentos que estén bajo su custodia y resguardo, y los obliga a entregarlos al final de su encargo.
El Poder Ejecutivo publicó el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos, que establece las disposiciones para la organización y conservación de los archivos en posesión de los Poderes de la Unión, los organismos constitucionales autónomos y los organismos con autonomía legal.
La normatividad incluye disposiciones específicas para los archivos presidenciales, de tal modo que prevé reglas claras para que la ciudadanía tenga acceso a documentos con valores históricos e información confidencial, explicó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
Con la Ley de Archivos se establece la estructura organizacional y los instrumentos mínimos necesarios para garantizar la conservación y organización de los archivos gubernamentales, tanto físicos como electrónicos, de modo tal que no se comprometa el valor probatorio de los documentos y de esa forma se conserve la memoria histórica de las instituciones.
"Se facilitará el uso de la información, se contribuirá a una efectiva rendición de cuentas y se fortalecerá el ejercicio del derecho de acceso a la información", consideró el IFAI.
La Ley otorga facultades al IFAI para expedir lineamientos en materia de organización y conservación de documentos electrónicos y ahora ya le da el carácter de organismo descentralizado y no sectorizado al Archivo General de la Nación.
