El senador del PVEM, Carlos Alberto Puente Salas propuso crear la Ley de Clasificación de Videojuegos, como una forma de frenar la proliferación de materiales que alientan entre niños y jóvenes prácticas contrarias a los derechos humanos como tortura, racismo, xenofobia, discriminación, o ejecuciones.
Expuso que si bien algunos videojuegos contribuyen a desarrollar habilidades por la enseñanza interactiva, hay “diversos títulos” en los que los jugadores “son protagonistas de conductas ilícitas virtuales” al tener como como misión secuestrar, asesinar, violar o discriminar para obtener puntos o recompensas y avanzar en diferentes niveles.
Junto con la televisión e Internet, dijo, los juegos de video “ejercen una gran influencia” en los menores de edad, y en diversos estudios de opinión son considerados por ellos como “la mejor opción para manejar el tiempo libre”.
Puente Salas dijo también que en la actualidad existe un debate no resuelto sobre los efectos que generan en la conducta de niños y adolescentes, pero es claro que inciden en el desarrollo, educación y entretenimiento.
Al igual que cualquier otro juguete, agregó, pueden fomentar actitudes que no estén en la línea del respeto a los valores o parámetros de la conducta humana.
En un comunicado consideró que un factor importante para eliminar las conductas violatorias de derechos humanos es incidir positivamente en los medios de socialización con la finalidad de contribuir en la modificación de patrones socioculturales.
Sin embargo, pese a la importancia que han cobrado los juegos electrónicos no existe normatividad que garantice el control de su acceso a los menores de edad.
Recordó que ha sido manifiesta la preocupación de padres y educadores hacia los peligros que el empleo de videojuegos puede provocar en la infancia, ya que algunas presentaciones han sido acusadas de “potenciar” un clima de hostilidad manifiesta, provocar adicción y ser “causantes indirectos de comportamientos antisociales”.
Citó el riesgo para niños que padecen epilepsia, ya que emiten estímulos al cerebro que pueden activar o desencadenar crisis convulsivas, y elevan la posibilidad de problemas ergonómicos, oculares, tensión muscular, visuales e incluso presión arterial alta.
Aunque ya los fabricantes incluyen advertencias sobre los riesgos por el uso de videojuegos, consideró que debe reformarse la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y expedir la Ley Federal de Clasificación de Videojuegos.
Con ello, se evitaría su venta sin previa clasificación y autorización por parte de la autoridad competente.
Otra propuesta, es prohibir que se vendan o alquilen a niños y adolescentes, aquellos “juegos” que presenten comisión de hechos calificados como delictivos, hagan apología de los mismos, contengan imágenes o referencias de carácter pornográfico y sean contrarios a los derechos humanos.
Sugirió también sanciones de amonestación, clausura temporal o definitiva de los espacios o locales a quienes los comercialicen sin la autorización correspondiente.
Planteó además que la Secretaría de Gobernación vigile que se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la paz, moral pública, la dignidad personal y que no ataquen los derechos de terceros, ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden público.
