La Suprema Corte de Justicia de la Nación no alcanzó, por el momento, votación suficiente para extender la restricción al fuero de guerra a delitos cometidos por militares donde no hay víctimas civiles identificables.
Por 8 votos contra 2, el Pleno de la Corte resolvió ayer que un juez federal de Morelia debe hacerse cargo del proceso contra tres militares que en 2011 sembraron marihuana en un vehículo para inculpar a un civil, y posteriormente fueron acusados de falsedad en declaraciones y fabricación de pruebas.
Pero de esta mayoría, sólo cinco ministros fueron categóricos en afirmar que la razón para enviar el expediente al fuero ordinario es que estos delitos no afecta a la disciplina o los bienes castrenses, con independencia de si hay víctimas civiles o no.
Los ministros Luis María Aguilar y Jorge Pardo, si bien votaron con los resolutivos, aclararon que a su juicio las acciones de los militares sí afectaron o involucraron a civiles, aunque éstos no califiquen técnicamente como víctimas de los delitos imputados a los soldados, y sólo por esa razón debe conocer un juez federal.
Por otra parte, José Ramón Cossío, que también integró la mayoría, aclaró que el caso no es militar porque los hechos no ocurrieron dentro de un cuartel o guarnición, y porque se reconoció a los civiles el carácter de coadyuvantes en la indagatoria contra los soldados, a grado tal que exhibieron un video que probó que se había sembrado la droga.
Fernando Franco, el undécimo ministro, estuvo ausente de la sesión por lo que se desconoce su postura y aún no está claro si del expediente votado ayer podrán derivar tesis aplicables en casos futuros.
La Corte tiene pendiente revisar al menos siete amparos promovidos por soldados acusados de delitos contra la salud y colaboración contra la delincuencia organizada, que podrían permitirle aclarar si este tipo de crímenes sin víctima civil también debe salir de los tribunales militares.
