El viernes pasado el Tribunal Federal Electoral (TRIFE) declaró como Presidente Electo a Enrique Peña Nieto (EPN), y desechó, por infundadas, las argumentaciones de los partidos de izquierda que, encabezados por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), inventaron una multitud de supuestas "pruebas" , como la "Expo-Fraude", que acabó siendo una triste Arca de Noé.
AMLO sabía, desde un inicio, el desenlace de esta aventura, pero su verdadero objetivo no era invalidar la elección, que perdió por más de 3 millones de votos, sino desacreditar el proceso electoral y "calentar" a sus seguidores, para movilizarlos contra cuanto intento haya de introducir reformas estructurales contrarias a sus ideas retrógradas y estatistas.
Las argucias legales de los partidos de izquierda para dilatar la declaración de Presidente Electo impusieron un enorme costo social.
Éste incluye, entre otros factores, la distracción de recursos y horas hombre para atender las quejas; la paralización de la comunicación del equipo de transición de EPN con sus contrapartes del gobierno de Calderón; el retraso en el diseño y la posible discusión de algunas reformas cruciales para un mejor desempeño de la economía; la pérdida de tiempo con las manifestaciones y demostraciones de repudio al resultado de la elección; así como los daños a la imagen y reputación de empresas y personas.
No debe extrañarnos que esto haya sucedido así. La causa es que nuestro sistema político y las leyes propician un comportamiento de esa naturaleza, donde hacer y decir cualquier tipo de tonterías acarrea beneficios sin pagar sus costos sociales.
Este problema, sin embargo, tiene solución. Se trata, a fin de cuentas, de alinear los incentivos que enfrentamos las personas para hacernos responsables por los costos de nuestras acciones.
Los incentivos constituyen una de las piedras angulares sobre las que se finca el andamiaje de la ciencia económica. El supuesto central es que las personas actúan racionalmente y su comportamiento responde a los incentivos (señales de beneficios y costos) que perciben en el entorno.
AMLO perdió el fallo del TRIFE, pero a la postre logró sus otros objetivos, porque al no existir una alineación correcta de incentivos que contrapusiera los logros esperados y sus costos, nuestro sistema legal le permitió obtener importantes beneficios sin pagar sus costos sociales.
En este contexto conviene considerar el enfoque económico sobre el tema de las quejas, que comentó recientemente la revista The Economist dentro del concepto más general de las demandas colectivas.
Se trata, a fin de cuentas, de lograr un equilibrio entre las partes involucradas. Por ejemplo, empresas que pudieran vender con pretensiones falsas no lo hacen si existe la posibilidad de una demanda colectiva. La sola amenaza de ello es un incentivo importante para que las empresas sigan las reglas o dejen de abusar de sus clientes.
El otro lado del balance de quejas, sin embargo, puede llevar a una tendencia a que la gente se queje de todo. Muchas veces se presta a que las quejas sean fraudulentas o maquilladas, más aún si no tienen que pagar por sus consecuencias. Las quejas falsas o sin fundamento trastornan al sistema legal y cuestan recursos a la sociedad.
Por consiguiente, una propiedad importante de cualquier sistema legal que atiende a quejosos es contar con mecanismos que desalienten las quejas que sólo hacen perder el tiempo. El mecanismo más efectivo para ello lo encontramos en la aplicación del sistema de precios.
En la actualidad cualquiera se puede quejar en México por el resultado de una elección, local o nacional, aun cuando no tenga bases para hacerlo. El costo social va, por tanto, de lo trivial a lo enorme.
Eso sucede porque quienes se quejan no pagan por los daños que ocasionan. Las pataletas de AMLO en 2006 y este año han puesto al descubierto, no sólo a un personaje paranoico con delirio de grandeza, sino también una falla crucial en nuestro sistema legal, en particular el que regula el proceso electoral.
El equilibrio entre las partes cuando se cuestiona el resultado de una elección requiere que quien se inconforma absorba los costos que ocasiona a terceros en caso que se falle en su contra. No se trata de cerrar la puerta a quienes tienen quejas fundadas, pero sí de desalentar payasadas como las de AMLO.
En consecuencia, una posible solución que desalentaría bastante las quejas infundadas, sería una reforma electoral que plantee que el partido político inconforme por el resultado de una elección, deposite una cantidad de dinero, digamos el 25 por ciento de los recursos que recibió durante la campaña, que se le regresarían si obtiene una resolución favorable, pero que perdería en caso contrario.
