Al iniciarse el último mes de campañas para la Presidencia de la República es útil reflexionar sobre lo dicho por los contendientes en cuanto se proponen afectar el rumbo y las modalidades del desarrollo socio económico y político de nuestra sociedad.
El largo camino que México ha recorrido desde el asentamiento en 1929 de los regímenes que se estiman depositarios de los valores de la Revolución de 1910, confirma el constante empeño del pueblo por alcanzar una democracia operativa en la que se concilien los intereses de los diversos sectores de nuestra multifacética sociedad que aboque en altos niveles de dignidad y justicia aprovechando los vastos recursos que nuestro territorio ofrece.
No está dentro de la cultura del mexicano tolerar liderazgos unipersonales en el gobierno. Con la sola excepción de Porfirio Díaz, la historia ofrece más que suficientes pruebas de la fulminante eliminación de personajes que han aspirado dominar el escenario político. No está en la psicología nacional admitir que el día primero de julio próximo surja un caudillo mesiánico modelado en los que hemos visto en muchos otros países y en nuestro Continente.
La poquísima probabilidad que un caudillo-dictador aparezca no significa, sin embargo, que esa sea la única vía para impulsar estructuras económicas y políticas distintas a los parámetros y paradigmas bajo los que hemos vivido después de la II Guerra Mundial.
Tales cambios irían más allá de las simples reformas a las estructuras actuales pendientes de aprobación sólo para modernizar su funcionamiento. Tendrían que efectuarse dentro de los límites del respeto a valores culturales tradicionales personales o de familia. Los alzamientos en la guerra cristera demostraron hasta qué grado el pueblo reacciona y rechaza lo que afecte este campo existencial.
Hemos visto a lo largo de los años que las reestructuraciones de algunos aspectos de la vida socioeconómica han sido aceptadas y asimiladas.
Los virajes, aunque realizados con anuencia popular, a veces sólo tácita, no dejaron de significar la ejecución de principios y conceptos económicos y políticos de hondo calado. Así, ciertos ejemplos:
El reparto agrario ordenado en 1917 y realizado durante varios sexenios particularmente el de Lázaro Cárdenas, como también la nacionalización petrolera de 1938 respondieron a tesis socialistas practicadas entonces en muchos países. El público los aceptó y hasta aplaudió las valientes medidas. Todos estos casos de corte socialista contaron con el asentimiento popular de un país que es de temperamento profundamente conservador.
La adhesión al GATT en 1986, una verdadera revolución económica, vino a dar media vuelta a las normas que venían rigiendo la relación gobierno-sector producción. Confirmada luego con la firma del TLCAN remachó la política de apertura llevada ahora hasta la exageración. El "modelo" económico de desarrollo ha dado media vuelta sin que el sector industrial expresara sino una muy débil e inútil oposición. Mucho menos el ciudadano común.
Vista la comprobada docilidad del pueblo mexicano no podemos descartar el que uno de los resultados del día primero de julio próximo sea que, al asumir su alto cargo, el vencedor decida desencadenar en sus primeros días de mandato, cuando son más justificables y eficaces los golpes de timón, transformaciones muy profundas en parámetros básicos de nuestra convivencia socioeconómica y hasta política que las que contienen las reformas legislativas, algunas de ellas conocidamente insuficientes, que no se destrabaron en el sexenio que ahora termina por perversos cálculos políticos de una oposición notoriamente desleal al país.
Hay que considerar, en nuestra reflexión preelectoral, la muy clara posibilidad de presenciar cambios adicionales a los hasta ahora propuestos que, sin tocar artículos de fe para el mexicano, sí serían trascendentales para el desarrollo nacional.
Entre las posibles decisiones podrían mencionarse al azar, la colectivización con capital privado de la explotación rural, reglamentaciones más estrictas en transacciones financieras de particulares, establecimiento del impuesto a la renta simplificado y único, normatividades para asegurar un magisterio serio y respetuoso de sus alumnos, auditorías a sindicatos, edades extendidas para el retiro, fijación de mínimos de integración de insumos nacionales para autorizar industrias e institucionalización del sistema escuela-industria, un impuesto ecológico generalizado.
Las urgencias del momento así como las exigencias que imponen las corresponsabilidades de la globalización, urgirán a la nueva administración realizar reformas estructurales mucho más profundas que las ahora contempladas que todos los candidatos ahora se comprometen en promover y promulgar.
Hay que estar conscientes de que los tiempos vienen con exigencias muy marcadas sobre los gobiernos de todos los países. Afortunadamente México está bien preparado para hacer frente a ellas. Pero no se admitirán más tolerancias en el comportamiento ni individual ni sectorial como antes.
La reflexión que ahora se hace con suficiente tiempo antes de depositar nuestro voto es en el sentido de saber qué alcance tiene el mandato que demos al candidato a la Presidencia.
No debemos dar esta carta poder a quien esté demasiado atado a compromisos o lastres históricos de corrupción que le impidan cumplir sus promesas de campaña. Tampoco habrá que darle nuestro voto al que por sus antecedentes sabemos tendrá siempre la intención de nulificar los logros de tantos años y esfuerzos aún cuando su retórica sea tranquilizadora, pero que acabaría por instaurar un régimen contrario a nuestra ideosincrasia.
Los cambios tan profundos como los que a México le urgen, hay que encargárselos sólo a quien sepa realizarlos con sencillez, honestidad y valentía.
Juliofelipefaesler@yahoo.com
