La Procuraduría General de la República se vería obligada a reanudar una investigación por una demanda por administración fraudulenta contra el presidente del Cruz Azul.
La Procuraduría General de la República se vería obligada a reanudar una investigación por una demanda por administración fraudulenta contra el presidente del Cruz Azul, Guillermo Alvarez Cuevas, debido a una sentencia de amparo que se dio el 11 de septiembre.
Así lo explicó hoy el abogado Eugenio Olvera, quien representa a los integrantes del Consejo de Administración que fueron excluidos de la Cooperativa Cruz Azul en mayo del 2011, pero que en diciembre del 2011 fue desconocida por un Tribunal de Materia Civil y ratificada en julio del presente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Las investigaciones también tendrían alcance sobre el hermano del jerarca celeste, Alfredo Alvarez Cuevas, el ex director jurídico, Víctor Garcés Rojo, y el director deportivo del equipo de futbol Cruz Azul, el chileno Alberto Quintano, acusados de administración fraudulenta por la supuesta compra de seguros y coaseguros a sobreprecio, en un litigio de carácter penal.
"Antier se emitió una sentencia que nos notificaron el día de ayer con respecto al no ejercicio de acción penal que propuso la Procuraduría General (de Justicia) del Distrito Federal en relación a los delitos de administración fraudulenta por un monto superior a los mil 500 pesos en contra de Guillermo Alvarez Cuevas", informó el abogado.
Explicó Olvera que en dicha sentencia, promovida ante un Juzgado de Distrito Federal, en ésta se resolvió "que es ilegal el no ejercicio (de acción penal), que se continúen las investigaciones (contra Guillermo Alvarez Cuevas), que hay elementos más que suficientes para suponer la comisión de delitos graves, delitos que además se persiguen de oficio".
Acusó que en la denuncia los citados elementos habrían incurrido en endeudamiento de la Cooperativa. "En específico estoy hablando de la desaparición del fondo de jubilaciones estimado en 400 millones de dólares, el sobreprecio de los seguros por más de veinte años en relación entre 40 y 60 millones de dólares anuales", indicó.
Las investigaciones de la PGR deberán reanudarse en breve y culminarían antes de que concluya el presente año, indicó Olvera, respecto a la determinación de la juez séptimo de Distrito en materia penal sobre el Amparo Directo 460/2012, para dejar sin efecto la propuesta de no acción penal propuesta por la PGJDF en la averiguación previa FAE/A/T3/376/11-11.
