La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador denegó a España la entrega de 13 militares involucrados en la masacre de seis sacerdotes jesuitas en 1989, porque en esa época se carecía de un tratado de extradición.
“El artículo 28 de la Constitución vigente antes de la reforma del año 2000 imposibilita la extradición y la misma Carta Magna establece que ellos deben de ser juzgados con una Ley preexistente al hecho”, dijo a la prensa local el magistrado, Ulises del Dios Guzmán.
Se llegó a la conclusión que la extradición no procede “porque existe una imposibilidad jurídica”, dijo Guzmán, uno de los nueve magistrados que votó a favor para que los militares reclamados por España no fueran extraditados.
La CSJ decidió la víspera negar la entrega de los 13 militares, en respuesta a la solicitud de extradición hecha por España en enero pasado.
De los 15 magistrados, nueve votaron en contra de la extradición, mientras tres no estuvieron de acuerdo y el resto no se presentó a la plenaria de la CSC celebrada el martes.
Otro magistrado, Miguel Cardoza, argumentó por su parte que al momento de la matanza de los religiosos, la ley salvadoreña no permitía extraditar a sus ciudadanos.
“Nueve estuvimos de acuerdo tomando en consideración con la norma constitucional que se aplica”, refirió el magistrado.
Esta es la segunda vez que la CSJ niega extraditar a militares salvadoreños implicados en la masacre de los seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras el 16 de noviembre de 1989, en plena ofensiva guerrillera en San Salvador.
La Audiencia Nacional de España había pedido en un primer momento extraditar primero a nueve oficiales del total de los implicados, sin embargo 10 de los 15 magistrados de la CSJ denegó entregarlos el 24 de agosto de 2010.
Los nueve militares enfrentaban la alerta roja de la Policía Internacional (Interpol), a solicitud de la justicia española, no obstante, la Corte salvadoreña justificó en ese entonces que no había una solicitud de extradición por parte del Reino de España.
Algunos de los militares requeridos por España son Rafael Larios, Juan Bustillo, Orlando Zepeda, Francisco Elena Fuentes, quienes en esa época dirigían la guerra contrainsurgente.
Los jesuitas y docentes de la Universidad Centroamericana (UCA), eran señalados como guerrilleros por las fuerzas militares de ese entonces.
