El nuevo gobierno de Paraguay, que encabeza el presidente Federico Franco, rechazó este lunes la decisión del Consejo del Mercado Común del Sur (Mercosur), que suspendió al país en ese bloque.
Además, los gobiernos de los otros estados del organismo (Argentina, Brasil y Uruguay) resolvieron prohibir la participación de Paraguay en la XLIII Reunión del Consejo Mercado Común y Cumbre de Presidentes, esta semana en Mendoza, Argentina.
En un comunicado oficial de la Cancillería paraguaya, rechazó la decisión del Mercosur “adoptada obviando los procedimientos regulares y sin que se haya dado oportunidad alguna al Estado afectado para pronunciarse sobre el particular”.
“La Declaración, curiosamente, adolece del mismo defecto que se atribuye al proceso interno paraguayo que le dio origen, y que se califica impropiamente como de ruptura del orden democrático, 'por no haberse respetado el debido proceso'”, señaló.
Añadió que “en el juicio político entablado en el seno del Congreso Nacional al entonces presidente Fernando Lugo, de conformidad con las disposiciones constitucionales aplicables, se otorgó a éste la oportunidad de ejercer su defensa, como en efecto lo hizo”.
“En cuanto al principio del debido proceso, por cuya supuesta inobservancia se considera que pudo haber una ruptura del orden democrático en el Paraguay, cabe aclarar que en el caso en cuestión el procedimiento se ajustó estrictamente a lo dispuesto en el artículo 225 de la Constitución”.
Tras recalcar que se observó el “debido proceso”, el gobierno subrayó que “en cambio, la Declaración (del Mercosur) no fue adoptada conforme a los procedimientos que se observan en el Mercosur”.
Denunció que la misma fue suscrita por Estados Asociados que no ratificaron el Protocolo de Ushuaia 2008 y, “lo que es más grave, fue resuelta sin escuchar previamente al Gobierno de la República del Paraguay, violando de tal manera el debido proceso”.
Consignó que la Declaración de referencia demuestra que no resulta posible negar la constitucionalidad del juicio político, ni la abrumadora mayoría con que se tomó la decisión de condenar a Lugo, ni que el propio afectado se sometió al juicio político y lo acató.
“La Declaración del Mercosur en nada contribuye a la paz y la tranquilidad pública del Paraguay, ni a la integración regional, y se extralimita al descalificar decisiones adoptadas, en uso de sus legítimas atribuciones, por el Poder Legislativo paraguayo”, afirmó.
