La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) criticó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, a cargo de Genaro García Luna, se haya negado nuevamente a aceptar una recomendación de este organismo.
En un comunicado, detalló que ésta corresponde a la recomendación 38/2012, misma que se dirigió en conjunto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por la detención arbitraria de dos jóvenes y la desaparición forzada y el homicidio de uno de ellos.
Esta actitud, señaló, se suma a la negativa a aceptar las recomendaciones 62/2010 y 43/2011, además de no aplicar las medidas cautelares en los aeropuertos para salvaguardar la integridad física de las personas que son sujetas a revisiones y tratos indignos.
Esta situación, refirió, “evidencia una falta de respeto a los derechos humanos y abona a crear un clima de impunidad e inseguridad”.
El organismo detalló que el documento 38/2012 es el relativo a lo ocurrido el 1 de mayo de 2011 en Cuernavaca, Morelos, donde las víctimas fueron detenidas por integrantes de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, luego de ser parte de una riña.
Los uniformados solicitaron apoyo por radio y arribaron al lugar elementos de la Policía Federal a quienes les fueron entregados los detenidos, luego las víctimas quedaron a resguardo de la Sedena radicada en esa ciudad y quienes se los llevaron en sus vehículos oficiales.
“La CNDH observó que los elementos de la Policía Federal, al entregar a las personas detenidas a la Sedena y que ésta se las llevara de manera arbitraria, incurrieron en una serie de irregularidades, principalmente, en la omisión de ponerlas, de inmediato, a disposición del agente del Ministerio Público”, aseguró.
El organismo manifestó su preocupación al considerar que “algunos servidores públicos de nuestro país encuentren en la violación a la ley el camino para desarrollar sus actividades”.
Lo anterior, aunado a que éstos no sean sancionados conforme a la ley y en prejuicio de las víctimas del delito y del abuso de poder, añadió.
Por ello, la CNDH reiteró su llamado al Estado mexicano para que cumpla con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos como lo marca el Artículo 1 de la Constitución.