Sobre la posibilidad de que una persona demande al Ayuntamiento de Durango tras sufrir daños al caer en un bache, el presidente municipal, Adán Soria Ramírez, sólo dijo que es parte de la reglamentación y respetarán los derechos ciudadanos.
Al hablar de los baches, el Alcalde defendió que las lluvias han traído más cosas positivas y el bacheo es permanente, "ahora que empezó a llover ellos se dieron cuenta tarde", agregó sobre las críticas emitidas por regidores.
Afirmó que el trabajo se hace de manera preventiva, y con las precipitaciones se intensificó con 12 cuadrillas y se busca integrar más.
Por el contrario, la regidora Silvia Patricia Jiménez Delgado dijo que los baches son un problema que siempre se ha tenido y hubo tiempo para arreglar las calles.
Agregó que "siempre hay dinero porque se incluye en el presupuesto de egresos de cada año".
La Edil consideró que el ciudadano tiene derecho y puede demandar "si caen en un bache, ¿quién lo paga?".
La deficiencia en el bacheo y la pavimentación no reflejan la meta del millón de metros cuadrados a pavimentar, señaló.
SE PUEDE, PERO ES DIFÍCIL
La magistrada Ana Bertha Adame expresó que proceden las demandas por daños por baches ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado, pero es difícil obtener un fallo a favor, además, de resolverse el primer caso puede desatar una oleada de quejas.
Como antecedente, El Siglo de Durango reportó en octubre del 2010 que la Asesoría Jurídica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo integró cuatro expedientes contra el Ayuntamiento de Durango por daños a causa de los baches; dos superaban los 20 mil pesos.
Éstas se negociaron con el Municipio en el 2011, dado que "difícilmente se resuelven a favor del ciudadano", ya que se deben aportar pruebas suficientes y contundentes que demuestren que por causa del bache se dañó el patrimonio, explicó el magistrado presidente del Tribunal, Julio César Piña.
Al ser un arreglo entre el Ayuntamiento y los perjudicados no se supo a qué acuerdos llegaron.
Tres especialistas consultados en Derecho Administrativo en pasadas temporadas de lluvia coincidieron en que pocos abogados conocen el tema y el proceso lleva de seis a ocho meses.
