El rector de la UNAM, José Narro, señaló este 10 de octubre en el seminario Cambio Estructural para la Igualdad que el gobierno debe hacer una revisión de los recursos que utiliza para combatir la pobreza. El problema, para él, es de dinero. Los programas contra la pobreza reciben un promedio de 2.7 millones de pesos cada uno. "¿Cómo van a estar bien las cosas -dijo-- si cuando uno se mete a revisar la estrategia se encuentra con que, por ejemplo, en 2012 se destinaron 317 millones a 130 programas?"
Mucha gente piensa, como el rector, que si se dedica más dinero a estos programas habrá mayores avances en la lucha contra la pobreza. A mí me parece que el asunto es mucho más complejo.
En los países de Europa occidental los impuestos y las transferencias gubernamentales sí reducen de manera importante la desigualdad. En México la disminuyen muy poco, según la Cepal, o incluso la aumentan. La razón es que tenemos un regresivo sistema fiscal y de gasto público. De poco o nada sirve dar más dinero a esos 130 programas gubernamentales.
Uno de los impuestos más importantes del Estado mexicano es el IVA. Pero 45 por ciento de los productos, principalmente alimentos y medicinas, están exentos o pagan tasa cero. El beneficio de esta política fiscal es directamente proporcional al grado de consumo. Los ricos, que más consumen, son los que más lo aprovechan.
En el impuesto sobre la renta las deducciones y exenciones están diseñadas para apoyar a los ricos. De hecho el sistema, en lugar de hacerse más progresista, se vuelve cada vez más injusto. Las deducciones a los intereses de hipotecas o a las colegiaturas privadas, impulsadas por gobiernos panistas, están hechas para beneficiar a quienes más tienen. Una familia que sólo puede alquilar una vivienda no tiene deducción, pero sí quien puede contratar un crédito bancario para adquirirla. En las colegiaturas sólo los padres de familia que pueden enviar a sus hijos a escuelas privadas pueden acogerse a la deducción.
El mayor programa "social" del gobierno federal es el subsidio a los energéticos, particularmente a las gasolinas, la electricidad y el gas LP, pero éste también beneficia más a los ricos. Entre más pobre la familia, menor el subsidio energético. Los más marginados, quienes no tienen auto, viven en comunidades aisladas y deben cocinar y calentarse con madera o anafres, no reciben nada. Los grandes privilegiados de este subsidio son quienes tienen los vehículos de mayor tamaño y mayor consumo de gasolina.
Algunos programas gubernamentales podrían ayudar a disminuir la desigualdad o la pobreza (que no son la misma cosa). La inversión en educación pública preescolar y básica, por ejemplo, reduce de forma significativa la pobreza. Sin embargo, la inversión en educación superior, que tanto ha defendido el rector, suele tener efectos regresivos porque beneficia más a las clases medias. Decisiones como la de eliminar la obligatoriedad del inglés en las normales rurales son también retrógradas, ya que condenan a los más pobres a recibir una educación de inferior nivel.
Los programas sociales focalizados, como Oportunidades de México o Bolsa Família y Fome Zero de Brasil, han demostrado su eficacia para paliar la pobreza, pero también generan dependencia. Después de un tiempo a algunas familias les conviene mantenerse en la pobreza para seguir recibiendo el subsidio.
El único camino verdadero para combatir la pobreza es la inversión y la generación de empleos productivos. Sólo que a muchos les parece demasiado largo. Por eso prefieren el camino fácil de repartir dinero… que da kilometraje político, pero no ayuda a los pobres.
COFEMER
Hizo bien la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en exigir a la Secretaría de Economía un manifiesto de impacto regulatorio por su decreto que pretende sacar a Toyota del mercado mexicano. Por lo menos hay que conocer los costos de la medida para ver si superan los supuestos beneficios.
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