Después de ocho meses de estar tomado el palacio municipal de San Mateo del Mar, en el sur de Oaxaca, por habitantes contrarios al alcalde Francisco Valle Piamonte, éste y sus seguidores recuperaron el medio día de este domingo el inmueble público y detuvieron a cinco personas.
Después de una asamblea celebrada en el pueblo huave, alrededor de 200 personas se dirigieron a la presidencia municipal, en el lugar sólo encontraron a 15 personas que resguardaban el edificio, ante esta situación detuvieron a cinco ciudadanos, entre ellos el "presidente del pueblo" Nicolás Canalizo Quintero.
Se informó que los detenidos serían trasladados al Ministerio Público del fuero común en el puerto de Salina Cruz para que enfrentaran las acusaciones que el edil interpuso cuando fue destituido de su cargo el pasado 8 de abril durante una asamblea que él llamo "inconstitucional".
Ante estos nuevos hechos, la tensión regresa a San Mateo del Mar, pues se espera la reacción del grupo despojado, que durante ocho meses realizó acciones de presión dentro y fuera de la comunidad, como los cierres carreteros, retención de policías estatales y suspensión de elecciones federales el 1 de julio.
Los huaves desconocieron a su presidente municipal y lo expulsaron del pueblo junto con sus seguidores e incondicionales, al señalarlos como responsables de la falta de obras públicas, falta de expedientes técnicos, dividir a las comunidades e imponer a las autoridades a su conveniencia, y no brindar ningún tipo de atención en materia de seguridad, salud, educación, infraestructura, pero sobretodo falta de trasferencia en el manejo de los Ramos 28 y 33.
Esta situación llevó a los inconformes a tomar el palacio municipal, lo que desencadenó una serie de manifestaciones en la comunidad y fuera, como fueron bloqueos carreteros en Tehuantepec, en las salidas y entradas de la población, y la más significativa, la suspensión de las elecciones en San Mateo del Mar el pasado 1 de julio.
Paralelamente a este conflicto, a finales de junio los habitantes empezaron a presionar al gobierno del estado el reconocimiento de las nuevas autoridades que ellos designaron en la asamblea del 8 de abril, con la retención de 10 policías estatales.
