Rápido y Furioso. El fallido operativo buscaba frenar el tráfico de armas a México.
La red de suministro de armas de alto poder al Cártel de Sinaloa, presuntamente dirigido por Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, era el blanco principal de la fallida operación "Rápido y Furioso", señaló ayer un reporte legislativo.
Un informe dos mil 359 páginas de extensión elaborado por la mayoría republicana del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes concluyó lo anterior al cabo de una investigación que incluyó la revisión de más de 10 mil documentos y unas 24 entrevistas.
"Durante el verano de 2009, la administración Obama creó una nueva estrategia para detener el flujo de armas ilegales de los Estados Unidos a los cárteles de las drogas mexicanos", señaló el reporte titulado "La Anatomía de una Fallida Operación: Parte I de III".
"La operación 'Rápido y Furioso' nació de esta estrategia. El plan de la administración cambió el énfasis en combatir a los cárteles de las drogas de enfocarse simplemente en confiscar armas a identificar las redes que las trafican (...) pero este esfuerzo tuvo un éxito mixto", señaló.
El informe sostuvo en ese sentido que cinco funcionarios de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) fueron responsables de la comisión de "traspiés, malos juicios y de una estrategia inherentemente imprudente".
Los cinco altos funcionarios de la ATF identificados son el director en funciones Kennet Melson, el subdirector William Hoover, el director de la división de Phoenix, William McMahion, el agente especial William Newell y el director adjunto de operaciones Mark Chait.
Desde el inicio de la pesquisa los cinco funcionarios han sido reasignados dentro de las filas de la ATF, la cual experimentó a su vez una transformación interna a raíz de "Rápido y Furioso".
El informe sostiene que especialmente Newell tenía una "meta audaz": "intentaba desmantelar la red de tráfico de armas" que abastecía al cártel mexicano de Sinaloa. "Cuando la administración Obama resucitó un caso previo en donde la división usó imprudentes tácticas para dejar 'caminar' las armas, Newell vio la oportunidad", según el reporte.
Para ello la ATF instruyó a los agentes a no confiscar armas y la procuraduría de Arizona convenció a los distribuidores de armas a cooperar con información en tiempo real. Aunque se les aseguró que las armas serían decomisadas, "eso fue falso", sostuvo el reporte.
"La ATF y la Oficina de la Procuraduría en Arizona fallaron en considerar y proteger la seguridad de los estadounidenses y de los mexicanos, y de otros agentes policiales", dijo el presidente del Comité de Supervisión, el republicano por California, Darrell Issa.
"La ATF dilapidó tiempo, dinero y recursos en intercepciones y puso en peligro a agentes", añadió su colega, el senador republicano de Iowa, Charles Grassley. Ambos aludían a la muerte del agente de la Patrulla Fronteriza (PF) Brian Terry en 2010.
