El gobierno español aprobó hoy su anteproyecto de reforma laboral, que reduce la indemnización para el trabajador por despido improcedente de 45 días a 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades frente a las 42 actuales.
En rueda de prensa, la vicepresidenta primera del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, presentaron la reforma que en breve pasará al Congreso para su tramitación como decreto de Ley.
La vicepresidenta indicó que la reforma facilita la contratación de nuevos trabajadores, con atención a los jóvenes parados y de larga duración y a los que tienen cargas familiares y dificultades para trabajar.
“La reforma busca estabilidad en el empleo, potenciar los contratos indefinidos frente a la contratación temporal y flexibilizar el marco de empresa, para que el despido sea siempre el último recurso”, dijo.
Báñez, a su vez, precisó que los casos de despido procedente de las indemnizaciones serán de 20 días trabajados y un máximo de 12 mensualidades, y que la reforma precisa cuáles son los casos por los que una empresa puede acudir a esta vía.
“Cuando por causas económicas, cuando se desprenda una situación de pérdidas actuales no previstas o disminución de ingresos o ventas, persistentes por tres trimestre consecutivos”, comentó.
La ministra precisó que otras novedades de la reforma son la creación de contratos indefinidos para emprendedores, y que las pequeñas y medianas empresas (Pymes) sean los grandes contratadores del futuro, y con ello reducir la temporalidad.
Este tipo de contrato se aplicará en empresas con menos de 50 trabajadores, en que los contratados podrán estar en un periodo de prueba de un año, y habrá ayudas a la contratación, con una deducción de tres mil euros (unos tres mil 800 dólares) y si es menor de 30 años.
Además, el trabajador podrá compatibilizar la prestación del desempleo en 25 por ciento de ésta con el nuevo salario de periodo de prueba, y para el empresario reduce 50 por ciento por un año de lo que se abonaría para tal prestación.
Los contratos temporales podrán tener para cada trabajador un límite máximo de 24 meses, lo que empezará a contar a partir del 1 de enero de 2013.
Báñez anunció que la reforma también tiene como novedad que las empresas de trabajo temporal podrán funcionar como agencias de colocación, en colaboración público y privadas.
Además indicó que se reforzará el control contra el fraude y absentismo laboral, a fin de evitar situaciones de fraude en las prestaciones, cumpliendo la Ley con inspección.
La ministra abundó que próximamente se aprobará un anteproyecto de Ley de empresas Mutuas para mejorar los controles contra el absentismo laboral.
La reforma laboral es parte del paquete de medidas económicas que el gobierno de Mariano Rajoy impulsa para reactivar la economía y el empleo, como el plan de austeridad para reducir el déficit público, la reforma del sistema financiero, y la Ley para el límite de endeudamiento a todas las administraciones públicas.
