El rechazo del PRI y del resto de los partidos de oposición a la reforma laboral propuesta por el presidente Felipe Calderón, pone de manifiesto el verdadero rostro de todo un sistema político que se opone a la modernización del país.
La iniciativa presidencial enviada al Congreso en la modalidad de preferente, de acuerdo a una reciente reforma constitucional que obliga al Poder Legislativo a votarla en sesenta días, ofrece a Calderón la oportunidad de exhibir a los verdaderos enemigos de los consensos necesarios para poner a México en sintonía con el Siglo XXI, resolviendo así el debate sostenido durante los últimos seis años, en virtud del cual el presidente y la oposición en el Congreso, se acusaron mutuamente de paralizar la reforma laboral y otras.
Durante su campaña Enrique Peña Nieto enarboló la bandera de la presunta incapacidad de los gobiernos panistas para operar las reformas, se confesó partidario de la modernidad en las materias básicas como la energética, la fiscal, educativa, laboral, etcétera y se comprometió a realizarlas.
De hecho la propuesta de Calderón en materia laboral no es nueva, sino que es un compendio de las tendencias de los sectores productivos a nivel mundial, que en México que se ha desarrollado al menos los últimos dieciocho años, desde tiempos de Ernesto Zedillo y los representantes del trabajo y del capital de aquel entonces, Fidel Velázquez y Carlos Abascal, hasta nuestros días.
En su Libro México la Gran Esperanza (página 34), Peña Nieto reconoce la necesidad de las reformas y desenmascara a los enemigos de las mismas, al afirmar que: "...la democracia electoral ... nos condujo a una mayor pluralidad, el poder político se fragmentó, mientras que las estructuras de otros actores económicos y sociales (sindicatos) no se reformaron, ocasionando que estos actores ganaran una gran capacidad para bloquear las reformas que consideran contrarias a sus intereses". Enseguida, Peña Nieto hace suyas las palabras de Carlos Elizondo Mayer-Serra: "lo que hoy queda del arreglo corporativo anterior, que antes servía para gobernar, ahora representa un obstáculo para el crecimiento".
Hoy día, el triunfo de Peña Nieto y la composición del Congreso de la Unión, indican que no habrá tales reformas. Los priistas coinciden con los partidos de izquierda en mantener el viejo sistema corporativo y ante la propuesta calderonista que pide legislar en pro de la democratización y la rendición de cuentas en la vida sindical, se topa con un no rotundo de los mismos aliados de Peña Nieto en su carrera a la presidencia a saber: Gamboa Pascoe, Elba Esther Gordillo, Romero Deschamps y el resto de los viejos líderes de sindicatos ricos y poderosos que agrupan trabajadores sometidos en lo político y con cada vez menor poder adquisitivo en lo económico.
Los viejos líderes sindicales dicen estar a favor de muchos aspectos de la propuesta de Calderón, pero no dicen cuáles. Ellos y sus aliados en el Congreso no sólo se oponen a la democratización de los sindicatos o a rendir cuentas de los recursos que administran, sino que rechazan una mayor flexibilidad en materia de horarios de la jornada de trabajo, el salario por horas, el salario a destajo, la contratación indirecta (outsorcing), la limitación de los salarios caídos en caso de conflictos, etcétera.
La adecuación de las relaciones obrero-patronales a las condiciones mundiales, en aras de una competitividad que atraiga la inversión de capitales hacia nuestro país, es una amenaza para los políticos que se oponen a la reforma de Calderón, porque en las masas empobrecidas y carentes de educación, encuentran la materia prima, la carne de cañón y por tanto los votos que requieren para salir adelante en los procesos electorales.
Pese a lo que Enrique Peña Nieto pueda opinar al respecto, la alternativa es lamentable: Irá por la regeneración de la presidencia imperial autoritaria o permanecerá en la ineficacia y en la parálisis acotado por sus propios aliados, tanto o más que los presidentes panistas de los últimos doce años.
