Los partidos políticos, tan ensimismados en sus turbulencias, sólo están interesados en lo que pasa en el Congreso y que por otra parte, las consecuencias prácticas de sus decisiones en el aparato productivo nacional y la vida no son realmente de su interés. Un senador acaba de decir que "…los costos de que no salga la reforma laboral serán para los partidos que la dejen en la congeladora".
La posibilidad de que la reforma laboral que tanta controversia suscita ahora en la Cámara de Senadores no sea, al final de cuentas, aprobada y que se remita a la vieja "congeladora" es una opción que para algunos legisladores no tendrá más costo que el que la ciudadanía cobre después en las urnas al partido político que pareciera ser responsable de tal desacierto. En los últimos cinco años son 497 las iniciativas en materia laboral que se han disipado.
El verdadero costo, el de dejar las cosas como están, el dejar a un lado las mejoras en la competitividad de nuestra producción y limpiar el sistema corporativista sindical que la reforma de Calderón propone. Ese costo, ése, es el que importa.
La fuerza del sindicalismo mexicano ya no radica en el control de las urnas. El control es sobre las tesorerías sindicales a donde llegan mensualmente millones de pesos de los millones de trabajadores afiliados a un sindicato.
La Población Económicamente Activa es de unos 43 millones de individuos, de los cuales 64%, es decir 26.3 millones, laboran bajo contratos firmados con las empresas de toda índole y dimensión que hay en el país. De dicha población, Inegi informa que unos 4.3 millones de trabajadores son sindicalizados. A cada uno de ellos la empresa en que trabaja le descuenta al menos un 3% de su salario para luego transmitirlo al sindicato. Un cálculo somero y elemental, aplicando dicha cuota a sólo un salario minimo, da para 4.3 millones de agremiados una suma mensual de 193 millones de pesos que fluyen a las arcas sindicales del país, que desde luego hacen otros cobros a sus agremiados.
Esa acumulación monetaria, y no la ya hoy muy frágil perspectiva de que sus miembros voten por un candidato u otro, es la que hace de los sindicatos un factor que cualquier partido político busca asegurar para financiar sus campañas.
Además de lo anterior, el desvío de ese poder económico hacia la corrupción de los dirigentes es lo que hace que un líder como Francisco Hernández Juárez, copresidente de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) admita en una entrevista con la BBC que "los excesos de algunos líderes sindicales corporativos perjudican a todo el gremio" y que "por culpa del corporativismo el sindicalismo tiene muy mala imagen como si los trabajadores fueran los culpables."
La iniciativa presidencial dispone que "…se fortalecerá la rendición de cuentas por parte de las directivas sindicales…" y "…si la organización cuenta con más de 150 agremiados los resultados deberán ser dictaminados por auditor externo…"
Los sindicatos insisten, empero, en que sus recursos son públicos, que no admiten auditorías externas.
La posibilidad de avanzar hacia la depuración del sindicalismo mexicano es un argumento muy fuerte a favor de la iniciativa preferencial de Calderón. La otra vertiente positiva es la previsión empresarial de la CCE de crear si se aprueba la Reforma, 250 o 300,000 nuevos empleos anuales, adicionales a lo que se viene creando.
Ambas previsiones son, en realidad bastante aleatorias. Dependen del vigor con que los trabajadores quieran valerse de la nueva Ley Laboral para respaldar su decisión democrática. Supone una gran convicción operativa del empresariado, estimulada con la nueva ley, para ampliar sus operaciones y crear los empleos que prometen.
El cauteloso realismo con que queramos juzgar las ventajas de la Reforma de Calderón no autoriza, empero, buscar soluciones mediatizadas por mucho que pudiéramos tener que a la postre aceptárselas a nuestros esquivos legisladores. Una cosa es cierta: la Reforma Laboral es, lo sabemos todos, muy necesaria y es urgente apoyarla.
juliofelipefaesler@yahoo.com
