El resultado de la llamada reforma laboral, tal y como fue votada en la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión, se queda corta como palanca para impulsar el empleo y la productividad en nuestro país.
En efecto, ni el PRI ni los partidos de izquierda atendieron al llamado del presidente Felipe Calderón en el sentido de democratizar la vida de los sindicatos y transparentar sus finanzas, pero al menos se ha logrado cierta flexibilidad en los contratos que norman las relaciones individuales y colectivas de trabajo.
Y es que el artículo 123 constitucional surgido del Constituyente de 1917, asume el dogma de lucha de clases de acuerdo a la ideología de la Segunda Internacional Socialista celebrada en París en el año 1889, que dividió a la revolución mundial proletaria en proyectos múltiples según cada estado nación, lo que en el caso de México dio lugar al llamado nacionalismo revolucionario.
La intención de ese movimiento ideológico no es mejorar las condiciones de los trabajadores, sino sujetar a las masas proletarias al control de sindicatos como arma de conquista política. En el caso de México, el fundador del PRI, Plutarco Elías Calles, empoderó a Luis N. Morones como líder sindical al servicio del sistema naciente, a través de la Confederación Revolucionaria de Obreros de México.
Una vez consolidado el régimen de partido de estado, la CROM de Morones fue liquidada y después de un pleito entre radicales y moderados, Fidel Velázquez quedó al frente del movimiento obrero. Durante el régimen priista la Confederación de Trabajadores de México (CTM) funcionó como instrumento de control político electoral o fábrica de votos para mantener al mismo partido en el poder. El marco jurídico laboral operó como garrote en contra del capital o del trabajo a conveniencia del sistema, contaminando el proceso económico productivo y mediatizando las aspiraciones de los trabajadores, sujetos a una camisa de fuerza y sumidos en la mediocridad.
Como consecuencia la transparencia y la democratización de los sindicatos sigue siendo asignatura pendiente, porque la economía del país no puede funcionar en la era del conocimiento con ideas surgidas hace ciento treinta años, como reacción a los excesos cometidos en los albores de la revolución industrial, cuando los obreros estaban literalmente encadenados a las máquinas.
Por ello durante el gobierno de Ernesto Zedillo, Fidel Velázquez y el dirigente de Coparmex Carlos Abascal sentaron las bases de lo que llamaron Nueva Cultura Laboral, que busca superar la destructiva lucha de clases, y generar un cambio de mentalidad para hacer de la relación de trabajo un espacio de colaboración solidaria y beneficios compartidos.
Lo que ocurre hoy en el Congreso de la Unión es el choque entre ambas visiones, lucha de clases o solidaridad de clases, y a ello se debe que tanto la bancada del PRI como la del PRD estén divididas entre moderados y radicales frene a la propuesta presidencial, en tanto que al grupo parlamentario panista se le hace poco lo aprobado hasta el momento.
Cuestiones como la jornada reducida y los horarios flexibles; el salario por horas; los contratos a prueba para capacitación o por temporada; la subcontratación; el ascenso en escalafón bajo criterios de capacidad; la solución de las huelgas por vía del arbitraje; la limitación de los salarios caídos, etcétera, son temas que al ser tocados por los legisladores abren la pauta para acabar con los viejos dogmas en la materia, incompatibles con la competitividad y la productividad en una economía mundial.
Los avances logrados hasta esta fase del proceso legislativo en los temas referidos son positivos, porque favorecen en especial a las pequeñas y medianas empresas que generan más del ochenta por ciento de los empleos reales.
Sin embargo, no es razonable lanzar campanas al vuelo, porque los cambios en la ley sólo funcionan y rinden frutos cuando van acompañados de un cambio de mentalidad en gobernantes y gobernados, por lo que el éxito o fracaso de la reforma laboral hasta donde sea posible llevarla en el Congreso, a la hora de su aplicación en la vida real dependerá tanto de la voluntad política de las autoridades en la materia, como de la voluntad solidaria de empresarios y trabajadores.
