Por considerar que existen debilidades como el no dejar claro el papel que cada autoridad debe tener en el tema, el Ejecutivo Federal devolvió a la Cámara de Diputados la Ley General de Víctimas en donde se obliga al Estado mexicano a proteger a quienes padezcan algún delito y violación a sus derechos humanos.
"El Poder Ejecutivo Federal, atendiendo al Proyecto de Decreto de Ley General de Víctimas, ha formulado una serie de propuestas al Poder Legislativo para efectos de mejorar, de fortalecer, de enriquecer este proyecto Legislativo. Para el Presidente de la República es de vital importancia que el País cuente, lo más pronto posible, con una ley que sea eficaz, que funcione, que sirva tanto para las víctimas como para autoridades de los tres órdenes de gobierno responsables de su implementación", expresó el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Rubén Fernández.
En conferencia de prensa que ofreció este miércoles, el funcionario mencionó que el Gobierno Federal ya está en pláticas con organizaciones sociales, víctimas y con legisladores, para que a más tardar en dos semanas se pueda instalar una mesa de diálogo que permita dar salida al tema y llevarlo, incluso, a un periodo extraordinario de sesiones del Congreso.
Explicó que al Ejecutivo le interesa fortalecer los mecanismos que la ley propone para que las víctimas puedan ser protegidas y lo primero es mejorar el diseño que tiene que ver con las responsabilidades que cada autoridad, de los tres órdenes, tiene. Es necesario, dijo, elevar la responsabilidad de cada autoridad, a rango constitucional para que no haya modo alguno de que las autoridades evadan su responsabilidad.
"Nosotros pensamos que así como los derechos en general de las víctimas están consagrados en la Constitución, también debe estar previsto en la Constitución la obligación del Gobierno Federal, de los gobiernos de los estados, municipales, para la atención de víctimas", mencionó.
Además, añadió, es necesario especificar el tema de subsidiariedad, es decir, el pago a las víctimas, toda vez que si el Estado es el responsable de resarcir el daño, se tiene que especificar que el infractor es responsable también de compensar a quien recibió la agresión.
"No es quitar responsabilidad al Estado", dijo, "el tema de subsidiariedad es de carácter técnico y no político".
La Ley General de Víctimas fue aprobada por el Congreso de la Unión en su último día de periodo ordinario de sesiones el pasado 30 de abril. Pasó al Ejecutivo para sus efectos correspondientes.
