Más de la tercera parte (11) de las entidades federativas mexicanas se negaron a entregar cualquier información sobre los gastos de comunicación social de los últimos 6 años (2005-2010); otro tanto, sí la proporcionó, pero únicamente montos globales anuales, en 3 casos ni siquiera todos los años; 4, accedieron a desglosarlo por proveedor y 1, por medio; 2, lo hicieron por medio y por proveedor y 1, por proveedor y por campaña o concepto; y únicamente 2 (Colima y Sonora), lo hicieron por año, medio, proveedor y campaña. Así 22, de las 32 entidades, "no entregaron información o contestaron de manera incompleta la solicitud".
Tal es una de las conclusiones de un estudio sobre el gasto gubernamental en comunicación social en las entidades federativas, que el pasado martes 21 presentaron las organizaciones Artículo 19 y Fundar, Centro de Investigación y Análisis.
Otra de las conclusiones es que del 2005 al 2010 el gasto (de 18 entidades que sí entregaron información suficiente para hacer el comparativo) casi se triplicó, en pesos constantes del 2010, al pasar de un total de 906 millones de pesos, en el primer año a 2,518.4, en el último. La entidad que más gastó en este periodo fue el Distrito Federal, con 1,833.6 millones de pesos; y la que más incrementó su presupuesto fue el Estado de México, que en un sexenio multiplicó el gasto en la materia (en pesos constantes del 2010) en más de 18 veces.
Con datos proporcionados por las mismas autoridades se puede explicar la elevada exposición mediática que recibieron, en los últimos años, Marcelo Ebrard y Enrique Peña Nieto, gobernantes de dichas entidades. Su generosidad en la compra de espacios publicitarios fue la llave que les abrió las pantallas de los televisores, las bocinas de los radios y las páginas de muchos de los llamados diarios nacionales.
Los investigadores (Justine Dupuy, de Fundar, y Paulina Gutiérrez, de Artículo 19) no pudieron avanzar mucho en su trabajo, por la falta de información, pero la que recibieron sí les permitió formularse algunas preguntas y en la página 14 del documento Diagnóstico 2011. Acceso al gasto en publicidad oficial en las entidades federativas, se cuestionan: "¿Cómo un estado que ha sido reiteradamente señalado por la amplia publicidad desplegada por su ex gobernador tiene niveles de gastos idénticos a Campeche, donde nunca se habló de desvío del uso de la Publicidad Oficial? ¿Los niveles de recursos asignados a Publicidad Oficial en el Estado de México no deberían más bien los niveles del Distrito Federal?".
Con la creciente importancia de la televisión en las democracias modernas, el gasto en publicidad oficial se volvió un factor fundamental para la popularidad de los gobernantes y, por lo mismo, éstos consideran los montos que le destinan casi un secreto de estado. Los gobernadores de Coahuila, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Tamaulipas de plano se negaron a proporcionar información alguna; los de Guanajuato, Jalisco y Michoacán proporcionaron información insuficiente siquiera para poder conocer su gasto anual durante el período ya mencionado; y los de Yucatán, Veracruz, Tlaxcala, Quintana Roo, Nayarit, Chihuahua, Baja California Sur y Aguascalientes, apenas suficiente para hacer el desglose anual, pero ningún tipo de análisis.
La información que proporcionaron estos 22 estados es insuficiente para verificar el cumplimiento de los mandatos del artículo 134 de la Constitución, pero los promocionales de las distintas instancias de gobierno (desde la federal hasta las municipales) sí permiten saber lo que los gobernantes entienden por "carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social" y es fundamentalmente el difundir lo que ellos consideran los logros de su gestión y ensalzar la labor de los respectivos gobiernos, lo cual no tiene nada que ver con lo que debe entenderse como tal.
En México no existe ni ley reglamentaria del artículo 134 ni una legislación que regule la publicidad de las entidades públicas, como sí sucede en otros países, como es el caso español, donde la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional señala con precisión, desde su exposición de motivos que la "publicidad y comunicación institucional deben estar al estricto servicio de las necesidades e intereses de los ciudadanos, facilitar el ejercicio de sus derechos y promover el cumplimiento de sus deberes...".
Más adelante precisa que "La utilidad pública como objetivo de estas campañas implica la erradicación de aquellas que tengan como finalidad ensalzar la labor del Gobierno. Se garantiza así que las campañas sirvan a sus destinatarios legítimos, que son los ciudadanos, y no a quien las promueve."
Esto lo plasman más adelante en la misma normatividad, con prohibiciones concretas como la señalada en el inciso "a" del párrafo primero del artículo 4: "No se podrán promover o contratar campañas institucionales de publicidad y de comunicación: Que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados por los sujetos mencionados en el artículo 1 de esta ley", donde se enuncian quienes son los sujetos obligados. Una disposición como éstas terminaría con toda la publicidad gubernamental que hoy se difunde en nuestro país, pues es a eso a lo que se dedican todos los promocionales de los gobernantes mexicanos.
El esfuerzo de Fundar y Artículo 19 permite tener certeza sobre la opacidad reinante en el manejo del gasto publicitario oficial en las entidades federativas, siembra dudas sobre la veracidad de la información proporcionada y obliga a revisar las disposiciones legales en la materia, para hacer realidad los buenos deseos plasmados en el artículo 134 de la Constitución.
