La Casa Blanca defendió hoy el alivio migratorio temporal otorgado por la Administración del presidente Barack Obama a los estudiantes indocumentados y reiteró su llamado a que el Congreso apruebe la legislación "Dream Act" para darles una solución permanente.
"Esta no es una solución a largo plazo. El presidente cree y luchó duro por el Dream Act, y cree que el Congreso debería aprobarlo", dijo durante su acostumbrada rueda de prensa el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney.
Asimismo, Carney defendió la llamada "acción diferida", una directriz emitida por Obama el pasado 15 de junio y que desde ayer permite a decenas de miles de estudiantes indocumentados solicitar una suspensión de su deportación y un permiso de trabajo.
El objetivo de esa directriz, explicó Carney, es que las autoridades utilicen su "discreción" a la hora de procesar a los inmigrantes indocumentados, y centrar sus recursos "en los criminales" y no en los "Dreamers" o "Soñadores, aquellos jóvenes que se beneficiarían del "Dream Act" si el Congreso lo aprobara.
Desde el miércoles, centenares de miles de jóvenes indocumentados colmaron centros comunitarios en todo el país para iniciar los trámites que les protejan de la deportación y les permita acceder a un permiso de trabajo.
La llamada "acción diferida" suspende por un período renovable de dos años la deportación de estos estudiantes, siempre y cuando reúnan una serie de requisitos y no tengan antecedentes penales.
Se trata del programa migratorio más significativo en EU desde 1986, cuando el entonces presidente Ronald Reagan promulgó una "amnistía" para tres millones de indocumentados, aunque estos recibieron la residencia permanente en esa ocasión.
Ese alivio migratorio temporal, que incluye el pago de una tarifa de 465 dólares, les permitiría, además, conseguir una cédula de identidad oficial y licencias de conducir, aunque eso depende de cada gobierno estatal.
Carney dijo que no podía comentar sobre la cantidad de jóvenes que desde ayer comenzaron a tramitar sus permisos, y tampoco reaccionó a la orden ejecutiva que firmó la gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer, que prohíbe la emisión de licencias de conducir para estos jóvenes.
