La Fiscalía General del Estado de Paraguay recibió de la Corte Suprema de Justicia el expediente relacionado con una nueva acción de inconstitucionalidad presentada por los abogados del ex presidente Fernando Lugo.
El fiscal general, Javier Diaz Verón, confirmó que ya se encuentra en el Ministerio Público el extenso “dossier” que debe ser estudiado para un posterior dictamen que será tenido en cuenta en la disposición que emanará del más alto tribunal.
Los abogados del ex obispo, Adolfo Ferreiro, Emilio Camacho y José Enrique García promovieron con el pedido de inconstitucionalidad la anulación del juicio político que destituyó al presidente y puso en su reemplazo al vicepresidente Federico Franco.
Díaz Verón mencionó que cuenta con 18 días hábiles a partir de ahora para emitir su dictamen, que podrá elaborar él mismo o trasladar el asunto al fiscal general adjunto, aunque también contempla que se pueda hacer “en equipo”.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema, que admitió la presentación hecha por segunda vez por el ex presidente paraguayo, está integrada por los ministros Víctor Núñez, Antonio Fretes y Gladys Bareiro de Módica.
Según Ferreiro, García y Camacho, se pidió a la Corte la inaplicabilidad de la resolución 881 del Parlamento, por la que se cesó en el cargo a Lugo, por los “defectos y vicios que contiene”, aunque también anticiparon que creen difícil que prospere.
Argumentaron que no se fundamentaron las acusaciones contra el ex gobernante y que se violaron sus derechos, por lo que cabía atacar la decisión del juicio político y el trámite con el uso de instrumentos violatorios de la Constitución paraguaya.
Camacho sostuvo que “la barbaridad del fallo es tal que la sentencia que nos comunicaron no tiene ningún argumento, relata la acusación de diputados, la notificación, la constitución del Senado en tribunal y la sentencia no da un solo argumento”.
Esta es la segunda presentación de Lugo ante la Corte de Justicia, contra la resolución del Senado que estableció el procedimiento para el juicio político. La primera fue rechazada por los citados ministros Fretes, Núñez y Bareiro.
